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Un grupo de cinco abogados representa a los deudos de 15 internos de los 49 que murieron en la masacre de febrero pasado en el Penal de Topo Chico, informó el penalista Aurelio Galindo Briones, quien inició la lucha legal por alcanzar una indemnización de un millón de pesos para cada una de las familias de los fallecidos, bajo el argumento de que el Estado es responsable de velar por la vida y seguridad de los internos.
El litigante afirmó que hasta el momento el proceso, para exigir la indemnización económica y reparación del daño moral por la muerte de cada una de las 15 víctimas, está por entrar a la etapa intermedia, en la que se ofrecerán pruebas por escrito y de forma oral. Posteriormente se realizará la audiencia de juicio donde tres jueces resolverán el caso.
En el proceso que lleva un juez de Control están imputados como presuntos responsables por la muerte de los internos la ex directora del Penal de Topo Chico, Gregoria Salazar; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, ex comisario en jefe de la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria y Arturo Bernal González, quien fungía como subdirector del reclusorio cuando ocurrieron los hechos.
Asimismo están señalados los cabecillas de las dos facciones de la banda de Los Zetas, que presuntamente provocaron la matanza al disputarse el control del reclusorio: Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías El Z 27, entre otros supuestos participantes.
Aurelio Galindo comentó que cuando compareció a través de una videoconferencia, desde el penal femenil de Morelos donde está recluida Gregoria Salazar, dijo ser inocente y manifestó su deseo de salir de la cárcel.
Expuso Galindo que en el caso de los ex funcionarios del penal, si se encuentra que son responsables, tocará al Estado pagar las indemnizaciones porque eran sus representantes. Agregó que hasta el momento las familias que se atrevieron a exigir la reparación del daño han enfrentado diversas presiones, por parte de representantes del gobierno estatal, para que se desistan de sus demandas o abandonen su despacho, para poder llegar a una negociación.
Afirmó que durante este proceso le han “quitado” tres de las familias que representaba, con la promesa de que iban a otorgarles lo que reclamaban, pero no les han cumplido, y actualmente defiende los intereses de nueve familias. Pero un grupo de cuatro abogados que representa a los deudos de seis víctimas de la masacre, se acercaron para trabajar en equipo.
Comentó que el gobierno estatal les ha ofrecido 250 mil pesos a cada una de las familias, pero en su caso sostiene que les corresponde un millón de pesos, y los otros abogados están reclamando un millón 99 mil pesos.
El pasado 18 de febrero, días después de la masacre, a la ex directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles, y Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, ex comisario en jefe de la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria, se les otorgó la prisión preventiva como medida cautelar, al ser vinculados a proceso por homicidio calificado por omisión y abuso de autoridad.
