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Durante el último año, las detenciones de adolescentes en conflicto con la ley han disminuido, al pasar de 15 mil en el periodo anterior a 8 mil, situación muy rara, ya que la violencia en el país va al alza y el fenómeno incluye a los menores de edad, señala Elena Azaola, especialista en Antropología Social del Centro de Investigación y Estudios Superiores.
La investigadora señala que en México no hay un sistema de justicia adecuado para atender a menores de edad, por lo que cuestiona si este descenso tiene que ver con el hecho de que “no quieren internarlos, los dejan ir o no los capturan”.
Un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) revela que no hay especialización para atender a los menores de edad en conflicto con la ley y la insuficiencia de tribunales compromete la impartición de justicia y la adecuada prestación de servicios.
El documento, publicado este año, señala que sólo 2% de los 4 mil 861 órganos jurisdiccionales que hay en las 32 entidades son especializados en la materia, al grado que 10 estados —Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas— cuentan con un tribunal, en contraste, la Ciudad de México tiene 15.
De 3 mil 831 agencias del Ministerio Público en el país, sólo 3.8% (unas 140) atienden casos de menores. El estado con el mayor porcentaje es Nuevo León al tener especialización de 9% de sus agencias; mientras Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas logran 1% o menos.
Aunado a ello, señala que en México no se realizan de forma sistemática estudios en la población adolescente en conflicto con la ley y los que existen, como los del Instituto Nacional de de Geografía (Inegi), no presentan detalles de los procesos ni la correlación entre factores de riesgo y las experiencias, lo que hace complejo un panorama de la situación.
Un referente nacional, destaca, es el diagnóstico que elaboró Elena Azaola, a solicitud del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el que avaluó si se cumplen las condiciones de reinserción social y familiar, y el desarrollo personal y de capacidades de los menores.
La investigadora Azaola considera en entrevista con EL UNIVERSAL que la impartición de justicia para menores infractores es deficiente.
En el documento, publicado a finales de 2015, indica que México debe construir una política de reinserción social para los adolescentes para que se reincoporen a la sociedad de forma sana y productiva; de lo contrario se corre el riesgo de arraigarlos en una carrera delictiva.
Entre las conclusiones, encontró que 78% de los adolescentes en reclusión tienen entre 16 y 18 años, 41% sufrió maltrato familiar y 94% trabajó en diversas ocupaciones antes de ser detenidos. Sobre los delitos, 35% está acusado por robo con violencia, 22% por homicidio, 17% por portación de armas prohibidas, 15% por secuestro y 10% por delitos contra la salud.
Los datos forman parte de 278 entrevistas encentros de reclusión para adolescentes en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa.
Según el documento, los adolescentes requieren atención especializada, por el grado de vulnerabilidad; que se debe recuperar el espíritu de la reforma penal y aplicar el nuevo sistema penal judicial en todos los casos, que permitiría que la medida de privación de la libertad no se aplique de forma indiscriminada y contaría con herramientas de educación en beneficio de los menores.
