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Cancún.— Entre los grandes beneficiarios por el remate del patrimonio territorial de Quintana Roo, figuran políticos, empresarios, funcionarios, amigos, familiares y hasta empleados del ex gobernador Roberto Borge Angulo, denunciado penalmente por vender terrenos públicos localizados en siete de 11 municipios del estado, a precios subvaluados.
En la lista aparece —por ejemplo— la madre del ex gobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla, como una de las adquirientes de tres predios de 4 mil 432 metros cuadrados, 111 mil 763 metros cuadrados y 2 mil 498 metros cuadrados.
El secretario estatal de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, confirmó a EL UNIVERSAL que Angulo Castilla aparece dentro de las recientes denuncias interpuestas por el gobierno de Quintana Roo, ante la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República (PGR).
Añadió que el abogado de la familia Borge y socio de la Impulsora Marítima del Caribe, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también es mencionado en esas denuncias.
González Hermosillo también aparece en la denuncia penal que la organización Somos tus Ojos interpuso en septiembre pasado en contra de Borge, por enriquecimiento ilícito y peculado, al haber malbaratado 34 terrenos públicos.
El 3 de marzo de 2014, junto con Franco González y María Lourdes Pinelo Nieto, constituyeron “Caracol 65 Sociedad Anónima de Capital Variable”, empresa cuyo objeto social es la compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, la cual fue beneficiada con la entrega de diversos predios por parte del IPAE, de acuerdo con la investigación de Fabiola Cortés, presidenta de Somos tus Ojos.
Pinelo Nieto es secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador y socia de González Hermosillo y Melgarejo y Franco González.
El tema alcanza al ex gobernador Félix González Canto, actual senador, en cuya administración (2005-2011) también se desincorporaron predios públicos del patrimonio estatal para beneficiar a familiares, entre ellos su hermana, Patricia Jacqueline, quien pagó al IPAE 5 mil pesos por un terreno en Tulum, de mil metros cuadrados y con valor catastral de 500 mil pesos.
Como probables responsables del daño patrimonial al estado figuran las ex directoras del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Gina Ortiz y Claudia Romanillos, quienes ocuparon el cargo durante las administraciones de la dupla de gobernadores.
Otro ejemplo: el 18 de marzo de 2011, un mes antes de que Félix González dejara el cargo, el IPAE al mando de Gina Patricia Ortiz firmó un convenio de “indemnización por afectación” a nombre de Industria Cozumeleña de la Construcción, para cederle a cero pesos un predio de 647 metros cuadrados, con un valor de 161 mil 932 pesos.
