El grupo parlamentario del PRI en el Senado solicitó a la Contraloría del Estado de Jalisco un informe sobre los procedimientos administrativos y penales abiertos por los presuntos desvíos de recursos durante la administración del exgobernador, Emilio González Márquez (PAN), así como a varios de sus más cercanos colaboradores.
Por medio de un punto de acuerdo, los legisladores del Revolucionario Institucional recordaron que en octubre de 2013, el entonces Contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, dijo que habían detectado que durante el último año de la administración del González Márquez, la entidad sufrió un daño patrimonial al presupuesto superior a los 7 mil 573 millones de pesos.
“En ese momento, el Contralor precisó que no era conveniente señalar a los ex funcionarios involucrados en los asuntos, pues podrían sustraerse de la acción legal de la justicia”.
El Contralor de Jalisco también reveló que tan sólo en obra pública se detectó el desvío de 2 mil 531 millones de pesos de la Secretaría de Infraestructura y el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), en la edificación de la Ciudad Judicial y de la llamada Villa Panamericana.
Desde noviembre 2013 los senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo por el que pidieron a la Fiscalía General de Jalisco que llevara a cabo las investigaciones a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de recursos durante la administración de González Márquez.
En febrero de 2015, Bañuelos Guardado informó a diputados locales que hasta entonces se habían presentado 12 denuncias penales en contra de ex funcionarios de la pasada administración y advirtió que se podrían sumar otros señalamientos en contra de ex burócratas.
“Bañuelos Guardado desglosó las denuncias: una, contra la Secretaría de Cultura; una, Finanzas; otra contra CAPECE; dos contra la Secretaría de Salud; tres contra la Comisión Estatal del Agua y tres más contra Iprovipe”, dijeron.
En enero de este año la Contraloría del Estado informó sobre la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en la compra-venta de la Casa Jalisco en Chicago, adquirida en 2009 con una inversión de 65.5 millones de pesos.
