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A nueve meses de que en el penal de Topo Chico se registró una masacre donde murieron 49 internos y de que el gobierno estatal aseguró que había terminado con el “autogobierno” de los presos, el fenómeno persiste y continúa el cobro de extorsiones por cantidades que van desde mil hasta 10 diez mil pesos por semana, dependiendo la capacidad económica y el delito de la víctima.
La explicación, señala Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace, una asociación que trabaja con población de los penales, es que los presos viven revueltos, sin importar su grado de peligrosidad y no hay custodios suficientes.
Inaugurado el 3 de octubre de 1943, en una época en la que la mayor parte de los internos estaban ahí por delitos del fuero común, el penal de Topo Chico, quedó rebasado no sólo en su capacidad, sino también porque no fue concebido para reos de alta peligrosidad, que llenaron las celdas a partir de la crisis de inseguridad relacionada con el narcotráfico que detonó en el país durante el sexenio 2006-2012, de Felipe Calderón.
El 12 de octubre de 1989 fue inaugurado el penal de mediana seguridad de Apodaca, diseñado en un terreno de 44 mil metros cuadrados para mil 500 reos, a donde se trasladaría a los sentenciados y presos del fuero federal.
El 27 de noviembre de 2000, en un terreno de 289 mil 500 metros cuadrados, se inauguró el reclusorio de Cadereyta, con capacidad para mil 500 internos, y concebido para despresurizar la población del penal de Topo Chico, que fue edificado en un terreno de 97 mil 136 metros cuadrados.
En junio de 2001, cuando fueron
trasladados a Cadereyta los primeros reos, el entonces gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond (PAN), aseguraba que en los tres reclusorios de la entidad había capacidad para 6 mil 500 presos, pero en ese momento estaban internados menos de
5 mil.
Así, mientras el Topo Chico tenía capacidad para 3 mil 500 presos, contaba con 3 mil 850, pero 350 serían llevados a Cadereyta, que para ese momento sólo tenía 30 internos; en tanto el reclusorio de Apodaca tenía en sus celdas mil 450 reclusos.
Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, que emprendió el gobierno de Felipe Calderón, y a raíz de la separación entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, que se concretó a principios de 2010, los penales de Nuevo León se llenaron de presos del crimen organizado y con ello aumentaron las luchas violentas entre las organizaciones criminales por hacerse del control de los centros penitenciarios.
Violencia. El 19 de febrero de 2012 se presentó en el penal de Apodaca la que para entonces constituía la peor masacre en un reclusorio del país. Fueron asesinados 44 internos relacionados con el Cártel del Golfo y se fugaron 37 vinculados a Los Zetas.
A raíz del incidente, la diputación permanente del Congreso local exigió que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entonces encabezada por Genaro García Luna, se hiciera cargo de los 2 mil 254 reos federales que habían colapsado los penales de Nuevo León, y que de ser necesario, el reclusorio de Apodaca fuera incorporado al Sistema Penitenciario Federal.
El entonces diputado local (PRI), Raymundo Flores Elizondo, presentó el punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, en el que reprochó “la omisión del gobierno federal en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes que le exigen dar seguimiento y tratamiento a los reos que son de su competencia, como es el caso de quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada”.
Para entonces, en ese reclusorio había mil 627 reos federales, cantidad que rebasaba la capacidad instalada del inmueble que es de mil 522 internos, a los que había que sumar los mil 125 internos del fuero común. Después de la matanza en el penal de Apodaca, las autoridades empezaron a recluir en el penal de Topo Chico a peligrosos líderes de Los Zetas y del Cártel del Golfo, lo cual, según fuentes relacionadas con el medio, incrementó las pugnas entre los grupos por el poder, así como las extorsiones, y la violencia contra quienes se resistían a ser sometidos.
La operación de los líderes criminales se facilitaba en Topo Chico, porque ahí todos están “revueltos”, a diferencia del penal de Apodaca, donde existen áreas para presos de mínima, baja, media y alta peligrosidad.
Esto provocó que entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero de 2016 se registrara la matanza de 49 internos (la peor en la historia penitenciaria del país), presuntamente por una disputa entre dos facciones de la banda de Los Zetas, encabezadas por Jorge Iván Hernández Cantú, apodado El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias El Z-27.
Tres días después de la matanza, el secretario de Seguridad Cuauhtémoc Antúnez acompañó a un grupo de representantes de medios de comunicación, para que atestiguaran la “nueva cara” que le dieron cientos de elementos de Fuerza Civil al penal de Topo Chico, al pintar las instalaciones, desmontar celdas de lujo, en suma “tomar el control del centro penitenciario y terminar con el autogobierno”.
En un boletín, el gobierno estatal aseguró que habían terminado el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios, mientras el gobernador Jaime Rodríguez diría que no volverían a presentarse incidentes violentos. Posteriormente se han registrado otros cuatro incidentes, con saldo de cuatro muertos y 29 heridos.
Sin cambios. Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, sostienen que aún persiste el problema del autogobierno, porque el Estado no cuenta con personal suficiente para la custodia y no hay separación entre los reos de acuerdo a su peligrosidad.
Dijo que, según han comentado algunas familias, las cantidades que se les exigen por dejarlos en paz van desde mil hasta 10 mil pesos por semana, depende de las condiciones económicas de la víctima de extorsión y del tipo de delito por el que esté procesado su familiar. Se han estado tardando en hacer las adecuaciones para separar a los reos peligrosos, primero por cuestiones económicas y después también por razones de seguridad a raíz de las riñas registradas, comentó.
Desde octubre de 2008, José Natividad González Parás planteaba la necesidad de construir un penal de máxima seguridad y fue el 14 de junio de 2011, cuando Rodrigo Medina de la Cruz dio el banderazo para el penal de Mina, previsto para 2 mil 300 internos.
Sin embargo, el 25 de junio de 2015, Rodolfo Gómez Acosta, tesorero de Medina, anunció la cancelación de la obra, porque el gobierno federal por falta de recursos rechazó hacerse cargo de la obra.
Se invirtieron 430 millones de pesos para la construcción de la barda perimetral, desmonte y nivelación del terreno de 359 hectáreas. Cuando se inició el proyecto se dijo que el costo sería de 3 mil millones de pesos, cuando se canceló ya costaría 5 mil 200 millones de pesos.
El nuevo gobernador Jaime Rodríguez pretendió abandonar el proyecto y en su lugar llevar el penal a Galeana, su tierra natal; pero el gobierno federal se opuso, porque se perderían los recursos ya invertidos en Mina. El Bronco ha dicho que Topo Chico se cerrará de manera definitiva y los presos serán trasladados al nuevo penal. Afirma que los recursos que se obtengan con la venta del terreno serán utilizados para el nuevo reclusorio, que sería construido con la modalidad de Asociación Público Privada y se analiza dejar su administración al sector empresarial.
La propuesta de cerrar Topo Chico es aceptaba por Ernesto Cerda, director del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide).
Sin embargo, rechaza que el predio de 9.7 hectáreas sea entregado por El Bronco a constructores amigos, para desarrollar algún proyecto inmobiliario de alta densidad, como ya se especula entre empresarios del ramo.
Declaró que el interés por ese predio es por su inmejorable ubicación, a menos 200 metros de le Estación Penitenciaría de la Línea Uno del Metro, lo que le da un elevado valor comercial, por arriba de los mil dólares por metro cuadrado.
Demandó que el terreno se utilice para levantar un gran parque ecológico, para reducir el déficit de áreas verdes y deportivas que padece el área metropolitana y en particular la zona poniente de la ciudad.