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La Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA) suspendió el servicio del transporte público en diversos rumbos de la ciudad para exigir un aumento de 3 pesos a la tarifa del transporte urbano; en respuesta, el Gobierno del Estado habilitó unidades ejecutivas y hasta patrullas para el traslado de los usuarios.
Esta mañana, el gobernador Carlos Lozano de la Torre advirtió que no cederá a las presiones de concesionarios del transporte que sacaron de circulación el 50 por ciento de las unidades en demanda de que se apruebe la tarifa de 9 pesos.
De las 700 unidades de transporte público que hay, la mitad está en paro técnico en protesta porque desde hace 7 años no se les ha otorgado un incremento. Hace dos semanas las partes iniciaron negociaciones, pero la ATUSA se alejó de la mesa de negociaciones en desacuerdo con Gobierno del Estado, que ofreció el aumento de un peso al transporte.
La suspensión de labores ocasionó concentraciones masivas de usuarios en las paradas, el retraso en traslados y que las personas llegaran tarde a sus empleos o escuelas.
A 15 días de que concluya su mandato, Lozano de la Torre informó que se estableció una estrategia para brindar el servicio a la población ante el paro parcial de los concesionarios.
Dijo que se incorporarán al servicio 120 camiones del transporte (ejecutivo) que se trajeron de otros estados y combis; y hasta las patrullas se están utilizando.
“Tenemos ya toda una estrategia. No vamos a ceder y al revés: si es necesario cancelaremos las concesiones de muchos de ellos. Se quieren aprovechar de la terminación de un gobierno haciendo presión, con poco margen ya para hacer respuestas más amplias con los 15 días que nos quedan de gobierno, pero no vamos a ceder bajo ninguna circunstancia”, acotó.
El diputado perredista Iván Sánchez Nájera se manifestó en contra de la postura de presión por parte de los concesionarios, en la búsqueda del aumento a la tarifa del transporte, y afectación a la tarifa estudiantil.
El legislador enfatizó que el asunto deberá resolverlo la administración estatal que entrará en funciones el 1 de diciembre próximo. También exhortó a los dirigentes de ATUSA a dar explicaciones sobre el fideicomiso que supera los 200 millones de pesos, la falta de seguridad social de cuando menos la tercera parte de los operadores y la modernización de sus unidades, antes de pretender amedrentar al gobierno o a la población.
“El Gobierno del Estado tiene la facultad y la obligación de retirar las concesiones de ATUSA ante este tipo de amenazas. Pretender pactar a dos semanas de terminar la actual administración, además de ser ventajoso porque el actual gobierno no será quien los vigile, atenta contra la economía de al menos la cuarta parte más necesitada de la población en Aguascalientes”.
Sánchez Nájera declaró con base en el artículo 1092 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, que “las concesiones en materia del servicio de transporte público podrán ser canceladas por interrupción del servicio”.
afcl
