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“El agente de migración actuó de mala fe, mi hijo nunca le tiró una piedra y hay testigos de ello, y aunque lo hubiera hecho, ¿cuándo se compara una piedra con una bala?, no le deseo lo mismo que él hizo, yo jamás desearía que se muriera porque tiene hijos y ellos no tienen la culpa, yo sólo pido justicia”, dice Guadalupe Guereca, madre de Sergio Adrián.
A seis años de la muerte del joven, Guadalupe no pierde la esperanza de que el oficial federal de Estados Unidos que lo privó de la vida enfrente un proceso penal. La fe ha regresado ahora que la Corte Suprema del vecino país determinó —en octubre pasado— que reabrirá el caso, a fin de revisar la sentencia absolutoria que se le impuso al responsable de la muerte del joven de 14 años.
Reconocido como un destacado estudiante de secundaria, Adrián perdió la vida cuando un agente fronterizo le disparó desde la Unión Americana mientras él estaba en suelo mexicano, bajo el argumento de que se sintió amenazado, porque le lanzó una piedra a unos 15 metros de distancia.
Las autoridades de aquel país finalmente absolvieron a Jesús Mesa Jr., porque consideraron que al no haber víctima en territorio de EU no hay delito que perseguir.
La tarde del 7 de junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Guereca y cuatro de sus amigos se paseaban por el río Bravo, justo debajo del Puente Negro —un cruce de ferrocarril que une a Juárez y a El Paso—. Los estudiantes iban y venían jugando de una nación a otra. Según un video captado por testigos, fueron sorprendidos por un agente de migración de Estados Unidos.
En las imágenes se aprecia cómo los muchachos corren hacia el lado de México, pero uno de ellos es capturado por Mesa Jr., el agente que en aquel momento tenía siete años de servicio alegó que Adrián le arrojó piedras para intentar rescatar a su amigo. En el video nunca se aprecia la agresión, pero sí se ve cuando el oficial saca su arma y dispara en tres ocasiones contra el adolescente, quien cae sin vida sobre el cauce del río Bravo.
“Ese día mi hijo fue al centro de la ciudad a buscar a uno de sus hermanos mayores, le iba a dar dinero para que pagara la inscripción de la escuela. Sus amigos lo acompañaron, y mientras esperaba a que saliera su hermano del trabajo se fueron al río. Yo presentía que algo malo iba a pasar, hasta le pedí a mi jefe que me trajera a la casa, yo sabía que Adrián estaba en peligro, iba a ir a buscarlo cuando me avisaron que lo habían matado”.
Sentada en la cama, con un retrato del más pequeño de sus seis hijos en la mano, Guadalupe soltó el llanto al ver una imagen de la virgen que Sergio Adrián pintó en una pared de la colonia. La mujer vive en condiciones paupérrimas, habita una vieja casa de dos recámaras que un pariente le prestó, no tiene trabajo porque fue despedida del ayuntamiento donde laboraba como afanadora, y se gana la vida de vender papas fritas y refrescos a los niños del barrio.
Tras el dolor de la muerte de su hijo, y tras ver cómo quien le dio muerte no fue siquiera detenido y a la fecha sigue trabajando y capturando mexicanos en la línea fronteriza, la afligida madre asegura que hay mezquindad entre los políticos . “El ayuntamiento anunció que me iba a dar una casa, nunca lo hicieron, y una beca, que tampoco recibí. No me interesan, no se los pedí, pero duele que usen el caso de Adrián para pararse el cuello y no
cumplan”, declara.
El gobierno de César Duarte le prometió correr con los gastos funerarios; sin embargo, días después de enterrar a Sergio fueron a su vivienda a cobrarle el ataúd y hasta la fosa del panteón, finalmente le fue condonado directamente por la empresa funeraria, no por las autoridades.
Todavía no sabe cuándo se llevará a cabo la audiencia de la Corte Suprema para revisar la sentencia que emitió en abril de 2015 un Tribunal de Circuito de Nueva Orleans, que tras recibir la investigación del FBI consideró que no había delito que perseguir por tratarse de un “ciudadano mexicano fallecido en suelo mexicano”. La demanda busca que el agente responsable sea procesado por un uso desmedido de la fuerza y a la vez sentar un precedente de la impunidad con la que pretenden actuar algunas fuerzas de seguridad en el país vecino.
El caso es llevado de manera gratuita por un bufete de abogados de El Paso, donde estiman que en enero o febrero los máximos jueces del la Unión Americana atiendan el proceso. Luego de vivir la tragedia, Guadalupe se convirtió en activista social y participa en la agrupación Padres de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, que aglutina a muchos hombres y mujeres que han perdido la vida en casos de abuso de los agentes federales.
Cuestionada sobre su opinión del nuevo presidente Donald Trump, quien ofreció en campaña endurecer los procesos migratorios y enviar más agentes a la frontera, Guadalupe apela a su compasión. “Yo le pediría que no tenga un corazón tan duro, que él también es papá, que se ponga en el lugar de las madres que hemos perdido a nuestros hijos a manos de las autoridades de allá. Que vea los casos y nos preste ayuda”.
