Ediles de Mártir de Cuilapan, junto con pobladores que mantienen desde hace seis meses un movimiento contra la alcaldesa, Felícitas Muñiz, iniciaron una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Auditoría General del Estado (AGE) para exigir documentos certificados que demostrarían la corrupción de la que acusan a su munícipe.
El síndico Benito Sánchez Ayala y la regidora del PRI, Edelmira del Moral encabezaron la protesta donde habitantes portaron cartulinas en donde se lee: “Exigimos intervención, presidente Enrique Peña”, “Exigimos la información certificada que pedimos desde el 2 de agosto”, entre otras.
Sánchez dijo que desde el 2 de agosto solicitaron a la AGE facturas, documentos en donde se evidencia que no hay obra pública o que lo que comprobó no existe, como un pozo profundo con una inversión de un millón 400 mil pesos o una línea de la obra de drenaje inconclusa por 2 millones y medio de pesos, sin que tengan respuesta.
Advirtieron que no se moverán de esta sede hasta que les entreguen la información, con la que promoverán una demanda penal por corrupción, en contra de la edil, quien por segunda vez es presidenta municipal, luego de que el Congreso local rechazó la petición de revocarle el mandato.
Desde que tomaron el ayuntamiento en mayo, el grupo de ediles, militantes del PRI; incluso el ex alcalde Crisóforo Nava, aseguran que Muñiz no comprobó en su anterior periodo (2009- 2011) más de 20 millones de pesos y en lo que va de su gobierno, 4 millones.
Sánchez dijo que de los 32 millones de pesos en obras públicas que tuvo que ejercer este año, sólo ha ocupado 20, y temen que el demás dinero lo compruebe con proyectos que no hará.
Lamentó que el Congreso haya desechado el juicio de revocación de mandato que promovieron contra la alcaldesa en junio y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditara violencia política de género contra ella, dejando sus peticiones fuera.
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene averiguaciones previas por hechos realizados por miembros de este movimiento, como la quema de vehículos oficiales y la irrupción a propiedades de Muñiz y sus allegados.
Ante la oleada en su contra, la alcaldesa Felícitas Muñiz promovió un juicio ante el TEPJF, sentencia que le favoreció y obliga a sus detractores a frenar su movimiento.
