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Oaxaca.— Trabajadores sindicalizados del gobierno estatal cerraron los accesos a la sede del Poder Legislativo y mantuvieron retenidos a unos 10 diputados electos y 100 personas más, ante la inconformidad porque aseguran que los legisladores salientes pretenden otorgar bases laborales a unas 80 personas de sus recomendados.
Los delegados sindicales Carmen Juárez y Ulises Hernández acusaron también al actual presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Gerardo García, de intentar beneficiar a seis colaboradores y familiares.
Por ello, le demandaron firmar una minuta en la que se comprometa a no otorgar basificaciones laborales a más personas, pues con los 162 empleados con que cuenta el Congreso local son suficientes, además de que el presupuesto anual no alcanza a los legisladores, que les han quedado a deber diversas prestaciones. Sin embargo, dijeron, el diputado local se ha negado a firmar dicho documento.
Los legisladores retenidos forman parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT), quienes habían acudido a su registro formal. El 13 de noviembre concluye funciones la 62 Legislatura e inicia la siguiente, que será de dos años debido a las reformas electorales recientes.
No obstante, la actual Legislatura enfrenta otras acusaciones de desvío de recursos, al obtener un presupuesto anual de más de 600 millones de pesos y no dar cuenta de ello e incluso es acusada de mantener adeudos con empleados y proveedores.
La semana pasada, propietarios y representantes de empresas acudieron a exigir el pago de diversas facturas, entre ellas de boletos de avión.
Entre quienes presidieron la Junta de Coordinación Política se encuentran el priísta Alejandro Avilés Álvarez; el perredista Jesús López Rodríguez, y los panistas Natividad Díaz Jiménez y Gerardo García Henestroza.
En los dos últimos años arreciaron las críticas por la opacidad en el manejo de recursos presupuestales.
