Al menos 25 ex funcionarios del gobierno de Durango, entre ellos el ex gobernador Jorge Herrera Caldera, se ampararon ante la posibilidad de que sean detenidos, confirmó Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno.
El recurso de protección federal se da días después de que el actual gobierno detuviera a la ex subsecretaria de Egresos, Leonor Gutiérrez Flores, por presuntamente ocultar información y ejercicio indebido de la función.
Alanís Quiñones no precisó los nombres de los ex servidores públicos, pero aseguró que son de primero, segundo y tercer nivel. “La mayoría tienen que ver con el tema económico”, dijo.
Trascendió que entre otros funcionarios de la pasada administración que se ampararon están Cristina Díaz, ex secretaría de Finanzas, y otros funcionarios de secretarías como Obras Públicas.
El secretario General de Gobierno añadió que la postura de la ex subsecretaria Gutiérrez Flores se repitió en otras áreas, donde los funcionarios de entonces no querían entregar información y documentos en el proceso de entrega-recepción, principalmente en temas económicos.
“Quisimos ver de cuánto era la deuda, cuánto dejarían de liquidez, de cuánto el presupuesto 2017, cuál era el presupuesto de obra pública, cuánto estaban ejerciendo. No encontramos muchas cosas como en pensiones, hay inconsistencias en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no se aportó 2014, no se aportó 2015. No quisieron entregar nada”, recordó Alanís.
Resaltó que en el proceso de entrega-recepción, del cual él fue Coordinador general, se ocultó mucha información y hubo “rebeldía” para entregar los documentos. Pese a lo anterior, afirmó que desconoce si existe otra orden de aprehensión contra ex servidores.
“El que nada debe nada teme”
José Antonio Ochoa Rodríguez, presidente del Partido Acción Nacional en Durango, opinó que los amparos son reflejo del miedo, porque “el que nada debe, nada teme”.
Consideró que nadie debe tener temor y que no se crea que hay una cacería de brujas, pues simplemente se le está apostando a un estado de Derecho y a la legalidad, pero que quien haya traicionado la confianza de los ciudadanos la debe pagar.
Ochoa Rodríguez sostuvo que el combate a la corrupción es una exigencia ciudadana no de un partido. “No queremos sangre, queremos que se sepa la verdad, si alguien violentó la ley que pague”.
Recalcó que el gobierno actual que encabeza el panista José Rosas Aispuro respetará a quien se haya portado bien, pues aseguró que el gobierno no está empeñado en crear divisiones en el estado.
spb
