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El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, que aglutina a 125 mil derechohabientes, fue saqueado y prácticamente quebrado financieramente, revelaron las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
De acuerdo con los documentos de la Cuenta Pública del 2015, los cuales acaban de ser entregados a diputados locales para su análisis, las finanzas de las pensiones veracruzanas están inmersas en un mar de graves irregularidades y un saqueo indiscriminado del gobierno .
Los informes, en poder de EL UNIVERSAL, detectaron un presunto desvío de recursos públicos del orden de los dos mil 993 millones de pesos, que se suman a diversas irregularidades como la falta de cobros, préstamos al gobierno sin garantizar forma de pago y sin rendición de cuentas de ganancias de sus bienes inmuebles.
El Instituto de Pensiones del Estado cuenta con 125 mil derechohabientes, de los cuales el 23 por ciento son pensionados y el 73 por ciento restante son activos. El director es un funcionario del gobierno estatal, pero existe un Consejo de Administración integrado por sindicatos estatales, cuyos trabajadores cotizan en el organismo.
Las revisiones del Orfis encontraron que los funcionarios del IPE gastaron más de lo que ingresaron. Durante el 2015 tuvieron ingresos por cinco mil 223 millones de pesos, pero gastaron cinco mil 833 millones, es decir de 609 millones de pesos.
De la revisión a la cuenta “Deudores Diversos”, se descubrió que no han cobrado un total de seis mil 496 millones de pesos por conceptos de cuotas y aportaciones de organismos y dependencias estatales, subsidios extraordinarios que el gobierno está obligado a darles; intereses; retenciones no enteradas o devueltas, préstamos y fondos de garantías.
En ese apartado, se determinó que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa le adeuda al instituto cinco mil 309 millones de pesos sin que hayan hecho algo para recuperarlo, por lo que los auditores recomendaron analizar y conciliar con las instancias correspondientes para determinar la procedencia de los montos que muestran las cuentas por cobrar.
Se determinó que existe un adeudo por parte de Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas, S. de R.L., -una empresa privada que se hizo cargo de tres hoteles propiedad de los pensionados y jubilados- por un monto de 87 millones de pesos.
Los auditores descubrieron que los servidores públicos de ese instituto utilizaron 180 millones de pesos, que habían sido autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Reserva Técnica para el pago de pensiones, en un préstamo al Gobierno estatal bajo el argumento que se establecería una tasa garantizada de rendimientos del 5 por ciento anual pagaderos mensualmente, con lo cual se estaría garantizando que el Instituto obtuviera mayores beneficios a los que venìa recibiendo de las Instituciones Financieras.
Para avalar el pago de ese dinero, la Secretaría de Finanzas estatal garantizaría el cumplimiento del monto con los bienes patrimonio del Estado, adicional a las garantías que se dan; sin embargo, durante la revisión, no fue proporcionado por el Instituto la relación de bienes sujetos a garantía.
De manera adicional, se encontró que el Instituto transfirió recursos por un monto de cien millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, dependencia que se comprometió a realizar el reintegro total de dichos recursos durante el ejercicio 2015, pero no se tiene evidencia de su cumplimiento, ni de las gestiones realizadas por el Instituto para su recuperación.
De la revisión a las cuentas por pagar a corto plazo del Instituto, se determinó un importe por 367 millones de pesos, es decir el instituto tiene esas deudas que incluyen incluso millones de pesos por cheques distribuidos a pensionados y jubilados rebotados por falta de fondos.
Por si no fuera suficiente, el Instituto no enteró el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por la cantidad de 2 millones 549 mil pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2015, lo que puede generar un pasivo contingente como resultado del fincamiento de recargos por la autoridad correspondiente.
De la revisión a las obligaciones del Instituto se determinó que tiene un importe de dos millones 709 mil pesos pendiente de transferir al Fideicomiso Fondo de la Reserva F/745357; y se determinaron pensiones por pagar al 31 de diciembre de 2015 por un monto de 192 millones.
Del Portafolio Inmobiliario, integrado por 46 bienes con valor de tres mil 214 millones de pesos, no se encontraron evidencias de los beneficios o utilidades obtenidas por concepto de arrendamiento o funcionamiento de cada uno de ellos; ni la justificación del porqué no se encuentran rentados los bienes inmuebles susceptible de ello: así como las acciones realizadas para mantener la integridad y la posesión de los bienes.
