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La tarde del 9 de julio un joven de 30 años, procedente de la Ciudad de México, conducía su vehículo por el llamado Paso Exprés cuando de pronto fue embestido por un tráiler de doble remolque que no pudo frenar a tiempo porque no vio el señalamiento de reducción de velocidad.
El joven era hijo de Héctor Gandini Estrada, director general de Medios Impresos de la Subsecretaría de Normatividad de Gobernación. Su hija María también viajaba en el auto y resultó con lesiones graves; sin embargo, por fortuna salió del coma inducido un mes después del percance.
Gandini Estrada declaró posteriormente que el conductor del vehículo pesado, según el resultado del peritaje, no iba alcoholizado pero sí bajo los influjos de anfetaminas, además viajaba a exceso de velocidad y la falta de señalización en la obra le impidió frenar a tiempo.
Un mes antes, a inicios de junio, otro joven perdió la vida al quedar prensado entre tres tráileres, cuando conducía un vehículo compacto. Su acompañante salió con vida del percance, que ocurrió cerca de las 05:00 horas. En este accidente también fue ocasionado por las mismas causas que el siniestro de Gandini.
La ampliación del libramiento de la autopista México-Cuernavaca comenzó a principios de 2015 y desde entonces se han contabilizado más de 70 accidentes, con al menos 21 víctimas fatales, el último de ellos se registró el domingo pasado cuando un auto compacto se salió del libramiento para chocar contra un negocio situado a orillas del Paso Exprés. En ese accidente murió una mujer y un hombre resultó con serias lesiones, debido a que quedó prensado en el interior del auto.
Para el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Luis Alarcón Ezeta, y el Coordinadora de Protección Civil en Morelos, Francisco Bermudez, 80 % de los accidentes son resultado de la imprudencia por conducir a exceso de velocidad. El trayecto carretero, dijeron las autoridades, lleva un avance de 80% y deberá estar concluido a finales de 2016.
De acuerdo con usuarios de la vía de comunicación, las recomendaciones oficiales son deplorables porque los 14.5 kilómetros del tramo en construcción carecen de señalamientos que adviertan la operación de maquinaria pesada. Juzgan que no hay señales suficientes del límite de velocidad y además el conductor debe esquivar un sinnúmero de objetos, por ejemplo, las vallas anaranjadas que a falta de contrapeso invaden los carriles; hay piedras, varillas, escombro y otros residuos dejados por la empresa Aldesa, responsable de la obra.
Paso maldito. Los trabajos consideran la ampliación a 10 carriles, cuatro de ellos de tres metros y medio para tránsito de largo itinerario y seis carriles laterales de 3.20 metros para tránsito local.
La inversión aproximada es de mil 46 millones de pesos y entre los beneficios anunciados están reducir los tiempos de traslado entre la capital morelense y la del país, eliminar los cuellos de botella en la ruta, formar parte del eje carretero Acapulco-Veracruz (Pacífico-Golfo) y conducir a una velocidad de 90 kilómetros por hora.
La protesta ciudadana inició en abril de 2015 cuando los vecinos de la zona reportaron la tala de 3 mil 500 árboles y con ello alrededor de 400 especies de aves perdieron su hábitat, declararon organizaciones ambientalistas. “Eso no significa un ecocidio”, dijo el secretario de Desarrollo Susutentable, Topiltzin Contreras MacBeath.
Vecinos, organizaciones ambientales y sociedad en general denunciaron el incremento de la temperatura, la acumulación de partículas contaminantes, deslaves, nubes de polvo y contaminación auditiva por el ruido de las máquinas, pero nada detuvo el avance del progreso.
La obra continuó y surgieron protestas de vecinos apostados en los límites de la autopistas porque sus propiedades invadían el derecho de vía. Entonces comenzaron las negociaciones para indemnizar a los afectados.
“Las corruptelas de la SCT y de Capufe permitieron que la gente adquiriera terrenos en el derecho de vía, lo cual es ilegal, y ahora nadie se hace responsable y es lógico que los afectados reclamen”, declaró el líder del sindicato de Caminos y Puentes Federales, Martín Curiel Gallegos.
Elizabeth Cuevas, una mujer de la tercera edad, salió de su casa y se plantó frente a los traxcavos que amenazaban con tirar parte de la barda y acceso principal de su propiedad. Elizabeth es esposa de un caballero holandés, por lo que su caso se presentó ante la embajada e inició una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a derechos y garantías que la SCT cometió en
su contra.
Otros afectados surgieron de las colonias Antonio Barona, donde se han registrado el mayor número de accidentes; Flores Magón, Ampliación Chapultepec, Satélite y Acapantzingo. El ayudante municipal de esta última colonia, Julián Jiménez, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por supuestos ataques a las vías de comunicación, sabotaje y daños por organizar campamentos a un costado de la vialidad, cargos que finalmente fueron desechados.
Los vecinos aledaños a las vías denunciaron afectaciones a sus propiedades por los accidentes carreteros. En uno de los percances, registrado en mayo pasado, un camión cargado con cerdos perdió el control, se salió de la carretera y se incrustó en una casa, derrumbando parte de las paredes donde dos niños tenían su cuarto.
Piden cuentas a SCT. En 2015 se registraron 47 accidentes viales graves, en 2016 la cifra alcanza los 20 y el número de muertos por accidentes viales en ese tramo suman 21. También se cuenta el deceso de dos trabajadores durante sus labores: uno cayó sobre una varilla y el otro fue arrollado.
A finales de 2015, el Observatorio Estatal de Lesiones alertó sobre el incremento de 15 accidentes en lo últimos dos meses del año y fue hasta 18 meses después de la obra cuando las autoridades de gobierno y diputados locales pidieron cuentas a la SCT. Entonces incrementaron los señalamientos e iniciaron operativos radar para detectar vehículos con exceso de velocidad. En dos semanas la Policía Federal impuso 82 multas, pero el número real pudo triplicarse puesto que, como la misma dependencia admitió, no tiene personal suficiente para multarlos a todos.
Además PC Estatal reveló que la empresa carece de un programa interno de Protección Civil y amagó con clausurar la obra de no responsabilizarse de las afectaciones.
Puntos rojos. A pesar de todas las afectaciones descritas, la obra sigue su marcha. Está a 80% de avance, pero las anomalías persisten.
Es notable la falta de señalización en todo el trayecto. En la parte norte del tramo hay un letrero enorme que previene de la construcción, pero no hay mensajes que adviertan la desviación para la entrada principal a Cuernavaca. Tampoco hay señal para prevenir que los carriles de en medio son de confinamiento, porque hay tres muros dispuestos: el de en medio, que divide los sentidos, y en cada sentido otro muro que apenas alcanza el metro y a los que no se les ha terminado de poner los “fantasma”, para que el conductor pueda identificarlos en la noche.
En la parte norte la autopista es de ocho carriles y luego se ensancha a 10, pero no hay advertencias sobre ello como tampoco hay letreros que prevengan si la zona es de derrumbes o des- laves. Los espacios de acotamiento son pocos y sólo en algunos puntos la autopista es lo suficientemente amplia para orillar un vehículo; los carriles de confinamiento no tienen acotamiento por lo que en caso de un desperfecto causarán un congestionamiento vial.
Sobre los letreros que deben estar dispuestos en los 14.5 kilómetros que considera el Paso Exprés, sólo hay unos 15 que advierten sobre el límite de velocidad. A pesar de que la obra no está terminada, hay tres o cuatro letreros anaranjados con una imagen que simula una grúa, de tamaño pequeño y que difícilmente un conductor con una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora puede advertir.
