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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció ayer que accedió a la petición de México para que Diego Gabriel Cruz Alonso sea extraditado y juzgado por el “delito de pederastia”.
Decidieron acordar la extradición de Diego Cruz, quien es acusado de violar a una menor de edad en Veracruz, en 2015, y fue detenido en Madrid el verano pasado.
El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, cumplió con su fama de juez rápido, anticipándose a los plazos previstos con su resolución. En el auto, los tres magistrados firmantes consideran “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito por cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, uno de los pilares en los que se basó la defensa, la Sala considera que poseer pasaporte español “en manera alguna” impide la extradición. La estrategia de Cruz de intentar conmover al tribunal con un alegato final en el que lloró y reclamó ser una víctima de un complot tampoco resultó efectiva. Al respecto, el auto es de gran contundencia: “Ninguna credibilidad cabe dar a lo narrado por Diego Gabriel en el uso de la última palabra, sobre amenazas y coacciones por parte de la familia de la joven denunciante”.
Luis Miguel Gómez Parra, el abogado de Cruz, desplegó numerosos recursos para intentar frenar la extradición: aseguró que la orden de búsqueda internacional era incorrecta, y que, ateniéndose a los hechos por los que se le acusaba, en España su cliente sólo podría ser acusado por faltas y no delitos. Presentó un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las malas condiciones de las cárceles mexicanas e información periodística del linchamiento mediático de Cruz.
Los jueces desestimaron todas estas alegaciones. Consideraron que el caso entra plenamente en los condicionantes previstos por el tratado de extradición entre España y México, ya que el delito de pederastia, por el que reclama a Cruz el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz tiene un equivalente en el ordenamiento jurídico español. Allá los hechos podrían constituir un delito de agresión sexual, con una pena de hasta 15 años.
Sobre el hostigamiento mediático, los magistrados consideraron que “las noticias periodísticas que por fotocopia aportó la defensa, en ningún modo suponen un condicionante de la labor de los jueces en México, como no lo es en España”. Acerca del informe de prisiones, fueron igual de tajantes, al señalar que en México las autoridades “velarán por los derechos del reclamado”.
La defensa de Diego Cruz tiene tres días para recurrir el auto ante el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Si los confirmaran, sólo el Consejo de Ministros español podría frenar la extradición. Las posibilidades de Cruz de ganar el recurso parecen escasas.
