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Morelia.— Todos tienen patrones en común: fueron víctimas del crimen organizado, les asesinaron o desaparecieron familiares, combatieron al narco y después fueron detenidos por el Estado, pese a que fueron institucionalizados y legalizados para portar armas de fuego como personal de seguridad para sus pueblos por el ex comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes.
Se trata de 70 autodefensas michoacanos, a los que la madrugada de ayer el juez quinto de Distrito con sede en Uruapan les decretó la libertad bajo amparo, luego de estar presos dos años cuatro meses y dos días, por el delito de portación ilegal de arma de uso exclusivo del Ejército.
Ese 27 de junio fueron desarmados y capturados por alrededor de 300 elementos del Ejército mexicano, Marina y Policía Ministerial, en la tenencia de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas y acompañaban al ex vocero del movimiento civil armado, José Manuel Mireles Valverde, quien desde entonces permanece recluido en un penal de Hermosillo, Sonora.
La defensa a cargo de Ignacio Mendoza Jiménez precisó que a pesar de que el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos —por el que se les detuvo a estos implicados— es el mismo que en el caso de Mireles, éste no ha sido beneficiado en el juicio.
Caso contrario, las 70 personas fueron puestas en libertad bajo una serie de medidas cautelares, entre ellas, el pago de 120 mil pesos como caución por cada uno, por lo que este viernes sólo pudieron librar las rejas siete de ellos, pues el resto no contaba con esa cantidad, dijo el abogado defensor.
Luego de depositar la suma fijada por el juez, los primeros siete autodefensas abandonaron los penales David Franco Rodríguez y Francisco J. Múgica de Morelia, donde se encontraban recluidos; sus compañeros podrán correr la misma suerte una vez que junten el recurso, adelantó el abogado.
“Es una buena noticia. Es una noticia importante, porque quiere decir que el asunto de José Manuel Mireles y las autodefensas, poco a poco va cediendo y van entendiendo los tribunales que es una injusticia lo que les hicieron y que tienen que estar ya en sus casas”, agregó la defensa.
A cambio de respetar su libertad condicional, los 70 inculpados tampoco podrán salir del estado de Michoacán; están impedidos a acercarse a los policías que los detuvieron; no deben asistir a reuniones de gente armada y, como quinta medida cautelar, están obligados a firmar ante el juzgado una vez al mes hasta que concluya el proceso, explicó Ignacio Mendoza.
“Sin embargo apelamos ya esa decisión, la estamos peleando; ya se ganó un amparo para Mireles para que se vuelvan a revisar los argumentos; se ganó un amparo para estas 70 personas, se ganó un amparo para el otro grupo de Tumbiscatío que ya había sido beneficiado con una medida similar a la que estamos dando a conocer el día de hoy y esto ya empieza a ceder”, indicó Mendoza Jiménez.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, el penalista y defensor de los autodefensas explicó que su principal argumento para echar abajo la prisión preventiva de sus clientes fue el documento firmado el 26 de mayo entre autodefensas y el ex comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, con el que comprobó que el Estado les dio atribuciones para hacer labores de seguridad.
El acuerdo, también firmado por el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa, señala en un primer punto que “las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensas rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
En ese sentido, el abogado cuestionó que primero el Estado los haya institucionalizado como cuerpos de seguridad y legalizado sus armas a los autodefensas y después los encarcelen por portarlas, por lo que reiteró que ese fue su más sólido argumento, para alcanzar la libertad de estos 70 comunitarios.
“Ahora, vamos a sacar a Mireles de la cárcel, con los mismos agravios; es el paso siguiente”, advirtió Mendoza Jiménez.
