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Autoridades comunitarias y pobladores de la Comunidad Zona Lacandona, en cuyo territorio se asienta la biosfera Montes Azules, rechazaron la presencia de la Gendarmería Nacional anunciada por el gobierno para, presuntamente, combatir ilícitos ambientales, delincuencia organizada, invasiones, saqueo de flora y fauna, entre otros delitos.
En un pronunciamiento al gobierno federal, los inconformes exigieron la conclusión del cierre poligonal de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona para elaborar un nuevo plano, esto mediante el diálogo y los acuerdos con las comunidades asentadas en la demarcación.
Argumentaron que la Comunidad Lacandona, conformada por los poblados Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab, Nahá y otras localidades– ha buscado acercarse a las instituciones federales y estatales para solucionar pacíficamente el problema agrario-ambiental en la zona, incluida Montes Azules, con los poblados establecidos en la zona de amortiguamiento de la reserva, pero su petición no ha sido atendida.
El documento fue suscrito por el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Emilio Bolom Gómez; el secretario, Humberto Arcos Sánchez y el tesorero, Marcelino Chambor Chanaj, entre otras autoridades, y presentado el pasado 25 de este mes, ante miles de pobladores, según los organizadores, en las comunidades de Frontera Corozal y Nueva Palestina.
En el escrito le expresan a Peña Nieto que, “no es suficiente que su gobierno sea una máquina de producir pobres, sino que ahora pretende desarraigarnos de nuestro territorio, destruir nuestra cultura y convivencia a través de la represión”
Además, “promoviendo así la desigualdad, la injusticia, la discriminación de los pueblos indígenas, violando los derechos constitucionales a la libre determinación de nuestros pueblos y demostrando que su gobierno privilegia a los hombres de negocio”.
Le enfatizaron que es necesario elaborar un nuevo plano de los Bienes Comunales, apegado a la realidad actual y “no seguir mintiendo al pueblo de México de que aún existen 614 mil 321 hectáreas de selva”, según el decreto original del 26 de noviembre de 1971.
Y añadieron que luego de esa resolución existen cuatro más posteriores, que están “encimadas en la original de 1971”, y la disminución del área de Montes Azules no es un problema de la Comunidad Lacandona, sino responsabilidad directa de los gobiernos federal y estatal “por su falta de visión y la concentración de varios poblados dispersos en la selva Lacandona, formándose Nueva Palestina y Frontera Corozal”, detallaron.
No obstante, expusieron que después de cuatro décadas las instituciones ambientales pretenden culpar a los indígenas de destruir la selva Lacandona, acusarlos de talamontes, delincuentes, invasores, saqueadores de flora y fauna, ecocidas; “si esto fuera cierto ya no existiría nada”, argumentaron.
Al contrario, afirmaron que los 35 mil pobladores de los Bienes Comunales de la zona Lacandona cuidan la selva porque es parte de sus vidas, que preservan los macizos forestales; los lagos, manantiales y arroyos que alimentan al río Usumacinta se mantienen intactos, pese a la adversidad social que enfrentan.
