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Madrid.—Diego Cruz Alonso, acusado por la violación de una menor en Veracruz en 2015, detenido este verano en España, intenta frenar su extradición alegando que es víctima de un “elaborado chantaje”, que teme maltrato en la cárcel y no tendría un juicio justo en México.
Dentro de su estrategia tienen gran importancia los documentos que su defensa entregó al tribunal español para convencer de que Cruz nunca intentó fugarse, que existe una conspiración en su contra y que debe ser juzgado en Madrid como ciudadano español, gracias a la nacionalidad que heredó de su abuelo.
El primer documento presentado es una carta de noviembre de 2015 de la Universidad Europea, una institución privada de Madrid que admitió a Cruz en un curso de Finanzas en 2016, en condición de estudiante de intercambio Erasmus. Luis Miguel Gómez Parra, el abogado de Cruz, uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, asegura que esa misiva prueba que el joven tenía intención de viajar a España previo a que comenzase el proceso contra él, por lo que no se puede considerar su traslado a Madrid, en marzo de 2016, un intento de fuga.
El segundo documento es un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones en las prisiones mexicanas que detalla falta de seguridad y altas tasas de violencia.
“Son comprensibles los miedos de este señor, porque sabe que lo van a encerrar en una prisión de estas características”, explicó Gómez Parra.
El tercer grupo de documentos son recortes de prensa sobre la inseguridad y la corrupción en México, y sobre el tratamiento informativo del caso.
El último grupo lo forman sentencias que arrojan dudas sobre que los delitos presuntamente cometidos en México tengan un equivalente jurídico exacto en España.
Con estos papeles sobre su mesa, Alfonso Guevara, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, debe decidir si los derechos de Cruz se verían menoscabados por un juicio en México.
De ser juzgado en España, las penas máximas a las que podría ser condenado (por agresión sexual agravada por violencia, 15 años, y abuso de menores, seis años) serían menores que las de pederastia tumultuaria en México (penado con hasta 40 años).
Cualquier pequeño defecto formal en la documentación contra Cruz por la Procuraduría General, de la República o los propios documentos de su abogado, podrían precipitar que su extradición fuese frenada. Los juristas consultados lo ven difícil, puesto que España y México tienen un tratado de extradición sólido y la nacionalidad española no debería de servirle de escudo al acusado cuando existen indicios de que ha cometido un crimen.
Además, como recordó el representante de la procuraduría ante las sugerencias de que Cruz era víctima de una conspiración y no existían garantías para un juicio justo en México, el Tribunal Constitucional español ya ha sentenciado que “la mera alegación genérica de falta de garantías legales en el país no debe ser considerada (…) Se deben aportar determinados elementos concretos”.
Diego Cruz está acusado de pederastia tumultuaria contra Daphne Fernández, presunto delito ocurrido en 2015, cuando ella tenía 17 años, y que fue invitada por cuatro jóvenes a seguir la fiesta en el municipio de Boca del Río, Veracruz.
Tres de ellos fueron implicados en el delito: Enrique Capitaine (preso en Veracruz), Diego Cruz (detenido en España) y Jorge Cotaita (prófugo), mientras que el cuarto no fue acusado, pues él sólo observó la acción.
