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Hermosillo.— Integrantes de siete de los ocho pueblos yaquis continúan en pláticas para lograr un acuerdo que ponga fin a la confrontación por la entrada del gasoducto en la zona, luego de que el pasado viernes se registró un enfrentamiento que dejó un saldo de un muerto, ocho heridos y 13 vehículos incendiados.
En Loma de Guamúchil se realiza la mesa de negociación con siete tribus, mientras que el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, busca llegar a un acuerdo con la etnia, que entre otras cosas, pide una campaña de desarme en la zona.
De acuerdo con el caso, siete etnias están a favor de la construcción del gasoducto, mientras que sólo un grupo, el de la tribu de Loma de Bácum, está en contra, quienes bloquearon el tramo que pasa por su territorio, lo que derivó en la confrontación en la que participaron al menos 400 personas.
Teódulo González López, comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos de la tribu yaqui, destacó que la empresa IEnova contrató por una suma de 300 pesos diarios a más de 600 personas de otros pueblos de la misma tribu para que custodiaran las obras. Así, señaló, pretenden continuar en el tramo bloqueado por los pobladores de Loma de Bácum, quienes vía consulta optaron por interponer un amparo en contra del gobierno federal y la empresa.
El proyecto prevé un gasoducto de 780 kilómetros de extensión desde El Sásabe, Sonora, hasta Estación El Oro, Sinaloa. A su paso, atraviesa más de 90 kilómetros de tierras de la reserva de los ocho pueblos yaqui, donde habitan más de 35 mil personas; al menos 15 kilómetros pertenecen a Loma de Bácum.
Aun cuando siete autoridades tradicionales han dado su consentimiento para las obras, las decisiones se deben tomar por unanimidad de los ocho pueblos, según sus tradiciones, explicó González López.
El gobernador de Loma de Bácum, comunidad perteneciente al municipio de Bácum, señaló en la solicitud de amparo que defienden legalmente las 485 mil hectáreas que constituyen en territorio ancestral sobre la obra.
En tanto, la empresa Gasoducto de Aguaprieta, subsidiaria de IEnova, emitió un comunicado en el que hace votos para que las diferencias por la construcción del gasoducto entre la tribu yaqui se resuelvan, a fin de continuar con la obra.
El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, propuso que el gobierno del estado indemnice a la etnia yaqui para que se instale el gasoducto en su territorio, pero en caso de que no se llegue a algún acuerdo, consideró que debe instalarse fuera de la reserva.
“Un buen diálogo, una buena negociación entre las partes debe de llevar a un buen resultado. Deben sentarse, dialogar, platicar, ver alternativas”, consideró.
La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un llamado a la etnia yaqui para que prevalezca la paz y tranquilidad y, en virtud de ello, se instalaron retenes a los alrededores de la reserva para que no ingresen armas al territorio indígena.
Ahí está la policía atendiendo hasta donde lo permiten los usos y costumbres, ya que ellos pueden poseer cierto tipo de armas y calibres, expresó.
“Hago un llamado a ellos que se han mantenido siempre en la lucha pero siempre unidos, siempre buscan protegerse y no lastimarse, me parece un poco extraño lo que pasó y muy lamentable, ya estamos en la investigación”, dijo.
Dependerá de la empresa si decide usar otra alternativa para continuar la construcción fuera de la reserva en el territorio de Loma de Bácum, dijo la gobernadora Pavlovich.
