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El presupuesto para 2017 del gobierno de Nuevo León, aumentará, apenas nominalmente, de dos o tres por ciento; pero enfrentará presiones por el aumento en las tasas de interés y se vería mermado por un incremento en el costo de las pensiones de 400 millones de pesos, al pasar de 3 mil 800 a 4 mil 200 millones de pesos, afirmó el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra.
El funcionario estatal comentó asimismo que con dicho presupuesto se tendrá que cubrir además el aumento que por ley se otorga cada año a los trabajadores estatales, entre ellos policías y maestros.
Garza Ibarra, expresó que se prevé que en la misma proporción de dos o tres por ciento crezcan las participaciones federales al estado; pero se visualiza una baja en la inversión del gobierno federal en la entidad en obras de infraestructura como carreteras y relacionadas con el tema de agua.
No obstante esa situación complicada, afirmó el tesorero, en el presupuesto estatal se contempla un aumento en la partida para seguridad y procuración de justicia, en aproximadamente 600 millones de pesos, que son la prioridad número uno para el próximo año.
Explicó Garza Ibarra que el presupuesto tiene un componente irreductible muy significativo, que le da al estado poco margen de maniobra, pues el gobierno estatal recibe de transferencias que están focalizadas a la seguridad pública, a salud, educación a la infraestructura social alrededor de 30 mil millones de pesos, recursos que así como los recibe los ejerce o los transfiere a un destino específico, sin que tenga una libre disposición de tales ingresos.
Y lo mismo sucede con los recursos para la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Poder Judicial, al Poder Legislativo, por convenios ya establecidos, que no quiere decir que estén mal, pero le quitan margen al estado, que puede decidir sobre el trece ó14 por ciento del presupuesto.
Por otro lado, durante su comparecencia en el Congreso local para la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Garza Ibarra dijo que en el caso de la compra de 200 mil cobertores que adquirió el ex subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Rogelio Benavides Pintos, es legal que sólo se le haya aplicado una multa de 90 días de salario, y no se le procesará penalmente ni se le inhabilitará para ejercer cargos públicos.
Aseguró que durante las investigaciones que por la vía administrativa y penal realizaron la Contraloría y la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción, no se detectó dolo, ni lucro, ni hubo daño al patrimonio del estado.
pmba
