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El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín, hará públicos los resultados de las auditorías hechas a la deuda pública contraída por los ex gobernadores, Félix González Canto y Roberto Borge, la primera semana de noviembre, adelantó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara.
“Estamos aún en la revisión; las auditorías que son compartidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nos ha pedido algunos apoyos; nosotros no llevamos eso directamente, pero estamos a la espera de los resultados. A fin de mes nos harán entrega y los haremos públicos en la primera semana de noviembre”, indicó.
En entrevista, Vergara Fernández detalló que el avance de las revisiones es de un 70 por ciento; una vez concluido el ejercicio, los resultados se harán del conocimiento del mandatario estatal, para luego hacerlos públicos.
En torno al futuro manejo de la deuda, que alcanza poco más de 22 mil millones de pesos –la segunda más alta en el país, por habitante- el funcionario estatal informó que no se prevé optar por el refinanciamiento, es decir, solicitar un nuevo empréstito.
“¡No, no, no! ¡el señor gobernador, me corre! Eso sería lo más fácil, venir a endeudar al estado. Hasta este momento no tenemos necesidad de endeudar más al estado. Nosotros hemos identificado alrededor de unos mil 600 millones de pesos que podemos optimizar por año, en esta administración, a partir del segundo año.
“¿Por qué a partir del segundo año? Porque a partir del primero lo vamos a pagar, porque eso se debe a los proveedores y a una serie de acreedores. El primer año presentaremos un plan de austeridad en donde lleguemos a cero. Ahorita estamos en menos cero. Con ese dinero, creemos que no necesitamos endeudar al estado”, dijo.
La ruta conjunta incluye reestructurar las condiciones de los financiamientos originales para renegociar plazos y tasas de interés.
Con este movimiento se pretende bajar, al menos, tres puntos porcentuales, tomando en cuenta que actualmente se paga un 10 por ciento de tasa de interés.
“El servicio de la deuda de Quintana Roo es una de las más caras del país; para que te des una idea pagamos al año, por servicio de deuda, o sea de intereses, mil 926 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos del 2016.
Algunas de las instituciones financieras con las que se contrataron créditos se han acercado al gobierno de Joaquín González, para reestructurar, pero la respuesta ha sido que no es posible hacerlo, en tanto no se tengan los resultados de las auditorías y que no puede ocurrir de forma individual.
De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de Quintana Roo, disponible en su página electrónica, al 31 de mayo del 2015, las instituciones bancarias con las que se tienen contratados empréstitos, son Banorte, Banobras, HSBC, Multiva, Interacciones y Bansi.
“Les hemos dicho que tienen que esperar, porque no teníamos las condiciones jurídicas; ahorita después de que las reformas se aprueben y se publiquen, entraremos a la reestructuración de la deuda”, sostuvo.
Cuestionado sobre el momento en que reestructurarán, si antes o después de realizadas las auditorías y, en todo caso, de emprender acciones legales ante posibles irregularidades, Vergara Fernández respondió:
“La reestructura tiene que ser después que conozcamos los resultados de la auditoria, antes es imposible, porque sobre qué bases lo hacemos. Tenemos que esperar y con posterioridad ya presentaremos, junto con Oficialía Mayor y la Secretaría de la Gestión Pública, prepararemos el paquete para que se haga de manera transparente y con rendición de cuentas, todo el proceso”, garantizó.
Alcances de reformas en materia de Disciplina Financiera
Como parte del paquete de reformas para armonizar el marco legal de la entidad, con la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios, publicada en abril pasado en el Diario Oficial de la Federación, se propuso lanzar a licitación la reestructura de la deuda pública.
“La deuda de largo plazo se tiene que licitar. La constitución del estado, de acuerdo con las reformas que presentamos al Congreso, como parte del paquete de Disciplina Financiera, establecerán la base, nuevas reglas para hacer una reestructura.
“El primer impedimento es que no se puede hacer una reestructura en lo individual, con las instituciones financieras; tiene que hacerse mediante concurso o licitación y esa es la más cercana de las estrategias que tenemos, que le conviene más al estado para que cueste menos”, expresó.
El paquete sometido a votación hoy está compuesto por siete iniciativas que tocan a la Ley de Deuda Pública –que se propone abrogar para dar pie a la Ley de Deuda Pública del estado y sus Municipios-; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Ley de Coordinación Fiscal; Ley del Órgano de Fiscalización Superior; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley Orgánica de la Administración Pública y reformas a la Constitución local.
Seis de ellas deben aprobarse y publicarse antes de medianoche, para cumplir el plazo fijado con la expedición de la Ley de Disciplina Financiera. En tanto, las reformas a la Constitución local deben esperar a ser sometidas a votación de los 11 ayuntamientos y aprobadas.
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