Cinco integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) murieron, tres más resultaron heridos y uno fue reportado como desaparecido derivado de un “choque” a balazos con miembros del Frente Unido Para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en la comunidad de Tlayolapa, Juan R. Escudero.
El fiscal General del estado, Xavier Olea Peláez, confirmó que “hubo un enfrentamiento entre dos grupos de policías comunitarias. Personal mío (del Ministerio Público del Fuero Común) está haciendo ya las diligencias en el lugar (Tlayolapa, a 40 minutos de la cabecera municipal de Juan R. Escudero)”.
Aunque Olea aseguró que no tenía confirmación del número de víctimas, vía telefónica Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, sin dar detalles de los hechos confirmó que cinco policías de su organización de justicia comunitaria están muertos y uno más está desaparecido.
Además, hay tres heridos que reciben atención en el hospital básico de Xalpatláhuac, en la Costa Chica del estado, a 30 minutos de Juan R. Escudero, donde mantiene su base de operaciones la UPOEG y hay presencia en algunas comunidades de FUSDEG.
Al lugar llegaron peritos del Ministerio Público, la Policía Federal, la Fuerza Estatal y efectivos de la Policía Ministerial del Estado (PME).
Bruno Plácido no precisó si estos hechos tienen relación con la acusación de integrantes del FUSDEG de que la UPOEG intentó ingresar con violencia a sus comunidades, Villa Guerrero y San Juan del Reparo en Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y El Ocotito, Chilpancingo.
Salvador Alanís, comandante del FUSDEG, explicó que “miembros de la UPOEG quieren desarmar a nuestros policías y entrar a operar a El Ocotito y otras comunidades. Deivid Barrientos (comandante de UPOEG) quiere atemorizar a la ciudadanía”.
Xavier Olea puntualizó que en su particular punto de vista “los comunitarios están violando la Ley 701”, que reconoce a los pueblos originarios y les da la posibilidad de elegir su propio sistema de seguridad, siempre y cuando operen en sus comunidades y las armas que porten no sean exclusivas del Ejército.