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El ayuntamiento de Juárez dio de baja a 338 empleados, tras percatarse que la mayoría no asistían a laborar, tenían puestos duplicados o sueldos exorbitantes como el de algunas secretarias que ganaban más de 40 mil pesos.
A 10 días de haber tomado protesta como presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez anunció que diversas auditorías arrojaron irregularidades en la nómina municipal anterior, por lo que se procedió a pedir renuncias y en su caso liquidar a todos los empleados que estaban “como aviadores”, es decir, los que no justificaban con tareas sus percepciones.
El gobierno anterior era de extracción priísta y fue encabezado originalmente por Enrique Serrano Escobar, quien pidió licencia tras ser designado candidato del tricolor al gobierno del estado, elección que perdió en junio, pero no regresó al cargo. El trienio fue concluido por Javier González Mocken.
De acuerdo con el alcalde, “tras detectar irregularidades se iniciaron diversos procesos, entre ellos se suspendió el depósito bancario de la última nómina y se giraron cheques a nombre de todos los empleados”; al pedir que acudieran a Tesorería a cobrar, se percataron de que muchos funcionarios no lo hicieron debido a que nunca acudían a las oficinas.
Se informó que había secretarias con salarios aproximadamente de 45 mil pesos mensuales; mensajeros que ganaban casi 50 mil y directores de área percibiendo hasta 90 mil pesos cada mes. Muchos cargos estaban duplicados: las funciones eran repartidas innecesariamente entre dos personas, o bien una hacía las tareas, pero ambas cobraban por ello.
Armando Cabada, quien llegó a la función pública como un candidato independiente, señaló que se invirtieron 5.3 millones de pesos en liquidaciones, cifra que se justifica, puesto que el ingreso de los 338 dados de baja ascendía a 5.6 millones mensualmente. Añadió que se establecerá un tabulador de sueldos para todos los empleados municipales y será público.
Abundante. La alcaldía de Juárez en las recientes semanas estuvo en el ojo de la opinión pública luego de que fueran ventilados algunos casos de privilegios para sus funcionarios, que no corresponden a los promedios que se manejan en el grueso de las administraciones locales del estado y quizá del país.
Lizbeth Alonso Carreón, quien fue candidata por el PRI a una diputación local, solicitó su jubilación ante el Cabildo y le fue aprobada; sin embargo, el anterior alcalde se negó a realizar el último trámite del proceso debido a la presión social que despertó el caso. La inconformidad de varios actores políticos y sociales radicó en que Alonso Carreón es una mujer de apenas 36 años, con 15 años de servicio y estaba por recibir una jubilación vitalicia de 22 mil pesos mensuales.
Un expediente similar fue el de Fernando Mota Allen, quien el año pasado fue cesado del Departamento de Protección Civil por la falta de supervisión en una carrera de dragsters que dejó una persona sin vida. Sin embargo, también pretendía recibir dinero del erario como jubilación permanente.
De igual forma se ventiló el caso de una sobrina del ex alcalde González Mocken, quien recibió autorización para ausentarse de sus funciones para estudiar una maestría en Barcelona, preparación que costeó el ayuntamiento, mientras ella seguía cobrando su sueldo.
El ayuntamiento tiene alrededor de 6 mil 950 empleados y se dio a conocer que se reemplazarán 70% de las plazas que fueron desocupadas, pero con tareas específicas y sueldos acorde a las funciones.
