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El propósito de Jaime Rodríguez Calderón de instrumentar la verificación vehicular en Nuevo León, es meramente un proyecto recaudatorio, ya que obtendría ingresos por 12 mil millones de pesos en los cinco años que restan de la administración, afirmó el dirigente del Movimiento Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga.
El ambientalist expresó que si Rodríguez Calderón realmente quiere combatir la contaminación en la zona metropolitana, debe empezar por ser congruente, y en lugar de entregar el parque Fundidora para que empresarios amigos realicen conciertos masivos donde venden grandes cantidades de cerveza, y son destruidas las áreas verdes, debería sembrar diez mil árboles que hacen falta en dicha área recreativa, además de abrir o habilitar 15 parques urbanos como el citado.
Martínez Berlanga afirmó, para que funcione un programa de verificación vehicular en Monterrey, “no lo digo yo, lo dijo el Nobel, Mario Molina”, sería necesario retirar de circulación 900 mil de los aproximadamente dos millones de vehículos, que son de modelos antiguos y aunque los verificaras 18 veces al año, seguirían contaminando.
Pero además, en lugar de ver el proyecto con fines recaudatorios, tendrían que ofrecerse incentivos en el pago de impuestos vehiculares, como se contempló en el Programa de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de Nuevo León, (PACCNL), que consideraba 20 acciones estrategias para detener y revertir el deterior ambiental, mismas que debieron aplicarse de 2010 a 2015, mediante una inversión de 14 mil millones de pesos.
En el documento, que se realizó bajo la coordinación técnica del Centro de Calidad Ambiental del ITESM, campus Monterrey, la UANL, y bajo los auspicios de la embajada Británica en México, justamente se estableció como Acción Estratégica 6: “Implementar una Campaña de Inspección y Mantenimiento Vehicular ligada a incentivos en el pago de impuestos vehiculares”.
Martínez Berlanga consideró que la acción anunciada por Rodríguez Calderón el día de su informe, al ordenar la suspensión de actividades en las 48 empresas pedreras que extraen caliza para las industrias de la construcción y del cemento, -mismas que volverán a operar una vez que se comprometan a controlar sus emisiones-, sólo fue una acción efectista para ocultar su verdadero propósito de imponer la verificación vehicular “para obtener recursos para su campaña presidencial”.
afcl