A petición de los familiares y en una labor conjunta con personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), los expedientes de quienes se encuentran en calidad de desaparecidos de por lo menos cuatro años a la fecha, empezaron a ser reabiertos y sujetos de una nueva revisión.
La llegada de la nueva administración estatal y el primer diálogo que tuvo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con los familiares y víctimas de los desaparecidos, ha generado confianza entre la población, al grado de que en las dos últimas semanas, se han recibido alrededor de unas 15 denuncias más, confirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Elena Garza Jiménez.
Dijo que las primeras reuniones en la Procuraduría con elementos de seguridad para la revisión de los expedientes de las víctimas que tienen familiares de desaparecidos y trabajar de la mano con el gobierno del Estado, representa un paso importante, ya que quienes tienen una relación con quienes se encuentran en esa condición, no veían avance en las investigaciones.
“El reglamento está en proceso de elaboración y en espera de que sea avalado por el Gobernador Cabeza de Vaca para su publicación, lo que nos permitirá iniciar el proceso para la selección de la comisión según la ley de víctimas del Estado y de ser posible acceder a fondos nacionales para la atención de atención a las víctimas”, agregó.
Garza Jiménez señaló que los familiares han solicitado que se integre la Comisión para dar celeridad a un apoyo más transparente y confió que antes de que se lleguen los cien días de este gobierno esté conformada.
Reveló que el Estado ofrecerá apoyo dependiendo de cada situación específica de los familiares de desaparecidos, dado que hay quienes sólo requieren de becas para que los hijos de esas personas sigan con sus estudios, “pero no hay un catálogo de ayuda”, precisó.
La subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno confió en las gestiones que el gobernador García Cabeza de Vaca realiza ante la Federación, porque además de existir una deuda de más de dos millones de pesos, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito ya no dispone de recursos para lo que resta del año.
afcl