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Monterrey.— A pesar de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo el pasado 28 de septiembre que “alertaría” al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que no incluyera en su equipo de gobierno a Rogelio Benavides Pintos, porque cometió presuntos actos de corrupción, el mandatario admitió que lo integró como asesor porque “es un hombre de resultados”, al que conoce desde hace muchos años.
Durante su estancia en Monterrey, como invitado especial a la ceremonia del “Primer Informe de Verdades” que presentó Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, García Cabeza de Vaca dijo: “Por supuesto que [Benavides Pintos] está trabajando conmigo”.
Externó su confianza en Benavides, pese a que en Nuevo León se vio obligado a renunciar el pasado 21 de febrero como subsecretario de Administración, debido a los cuestionamientos que recibió al ser considerado responsable de adquirir 200 mil cobijas a un precio de 144 pesos, cuando su valor en el mercado sería de entre 51 y 54 pesos.
El mandatario tamaulipeco señaló que Benavides Pintos también está avalado por el gobernador de Nuevo León, quien ha dicho que hay “mala fe” de los medios al insistir en que se le dio un castigo “light” al ex funcionario y que éste sólo incurrió en un error al no verificar que la comercializadora de las cobijas le entregara el producto con la calidad y dimensiones que establecía el contrato.
Ernesto Canales, subprocurador especializado en combate a la corrupción del gobierno de Jaime Rodríguez, dijo que la Comercializadora Mirof ya entregó al gobierno estatal 60 mil cobertores que dentro del proceso iniciado por el llamado Cobijagate, se le impuso como sanción para resarcir el daño al erario estatal, como condición para no proceder penalmente en su contra, y en cuyo caso no se encontró responsabilidad penal de Benavides Pintos.
Dentro del proceso administrativo que inició la Contraloría estatal contra Benavides sólo se le impuso una sanción económica de 100 días de salario mínimo: 7 mil 304 pesos, que ante el repudio que generó en partidos y sociedad civil, se elevó a 90 días del salario que percibía: 244 mil pesos, pero se le mantuvo sin inhabilitación para ocupar cargos públicos en el estado.
