El subprocurador especializado en combate a la corrupción del gobierno de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, estimó que antes de que concluya el presente año se presentará, con nuevas pruebas, la denuncia para buscar la vinculación de Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal, que desestimó un juez de control.
Asimismo, Canales Santos defendió el fallo de la Fiscalía al no procesar penalmente a Rogelio Benavides Pintos por el caso de las cobijas adquiridas al triple de su valor, lo que permitió al ex funcionario estatal ser contratado como asesor por el nuevo gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, según admitió en su visita a Nuevo León la noche del jueves, para asistir al Primer Informe de Jaime Rodríguez Calderón.
Entrevistado en el acto, Cabeza de Vaca admitió que Benavides Pintos trabaja en su administración en un área de asesorías, porque dijo, es un hombre de resultados que conoce desde hace muchos años. Y expresó que está “avalado también por el gobernador Jaime Rodríguez”, quien señaló en su momento que el ex funcionario cometió un error al no verificar que la comercializadora de las cobijas le entregara el producto con la calidad y dimensiones que establecía el contrato.
Hace unos días en gira por Nuevo León, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, señaló que alertaría a Cabeza de Vaca para que no fuera a incluir en su equipo a Benavides, y atribuyó el acercamiento que mantenía desde el periodo de la campaña con el ex funcionario de Nuevo León, a que le faltaba información sobre los actos de corrupción que este personaje había cometido en la entidad y por eso lo pretendía sorprender.
Canales afirmó que en lo que atañe a la Fiscalía, ya se recibieron las 60 mil cobijas que se impusieron como condición a la Comercializadora Mirof para el resarcimiento del daño al erario estatal, a fin de no proceder penalmente contra los responsables de la operación, en la que Benavides no fue hallado culpable de delitos, sino únicamente de faltas administrativas, que le implicaron una multa de 90 días de salario sin inhabilitación, por parte de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas.
Después de la defensa que de su trabajo hizo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al responder a las críticas de los diputados locales, durante la presentación de su Primer Informe de labores, Canales Santos señaló que aprecia mucho el apoyo del mandatario y espera estar a la altura de las expectativas.
El funcionario negó que hayan quedado a deber en la integración del expediente para imputar a Medina los delitos de peculado, daño al patrimonio estatal y ejercicio indebido de funciones, por el hecho de que el juez de control, Jaime Garza Castañeda, sólo vinculó a proceso al ex mandatario, por el tercer ilícito.
“Se trabajó bien, se integró bien, la prueba es que en los otros tres casos de los funcionarios de Medina (el ex tesorero Rodolfo Gómez, el ex titular de Desarrollo Económico Rolando Zubirán y la ex subsecretaria de Inversión Extranjera, Celina Villarreal), se les vinculó por los tres delitos, se trata de un criterio judicial que tenemos que respetar y que vamos a sobreponer con trabajos adicionales”, afirmó el subprocurador anticorrupción.
Insistió en que la responsabilidad de Medina de la Cruz en el otorgamiento irregular de incentivos por tres mil 680 millones de pesos a la armadora Kia Motors está demostrada con la firma que estampó en el convenio con la empresa y en el memorándum de entendimiento. Por eso, dijo, “vamos sobre lo mismo”.
Canales Santos explicó que con el nuevo sistema de justicia penal no hay impedimento para buscar la imputación por los mismos delitos que desestimó el juez Garza Castañeda, pero buscarán armar un expediente más sólido.
Igualmente descartó que afecte los trabajos de la Subprocuraduría la salida de Aldo Fasci Zuazua, pues afirmó sigue de asesor del gobernador Jaime Rodríguez, y “podemos contar con él en todos aquellos aspectos que sea conveniente”. Además, dijo, “estamos contentos con la labor que hizo”.
En otro orden, Canales justificó el acercamiento que tuvieron con la defensa de la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, para ofrecer el desvanecimiento de la causa penal a cambio de la reparación del daño por 7.5 millones de pesos que se le atribuye, al contratar un despacho legal, para que defendiera a ella y a sus principales colaboradores, en caso de enfrentar en el actual trienio acusaciones penales por irregularidades durante su gestión.
“Es una facultad de la Fiscalía, está en la ley, que en ciertos casos se puede llegar a acuerdos que eviten el juicio penal, siempre y cuando se restituya totalmente el daño al erario; en el caso de Margarita ha habido pláticas a nivel de posibilidades, pero técnicamente no ha habido una negociación”, señaló el funcionario.
spb
