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Monterrey.— Con el apoyo de los 42 diputados de la 74 Legislatura local de Nuevo León, fue presentada ante el pleno una iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, que modificaría la Constitución Política del Estado y varias leyes secundarias, para dotar de autonomía plena al fiscal general (procurador), un fiscal anticorrupción, y un auditor superior. Además, se eliminaría el fuero para todos los servidores públicos.
La propuesta presentada por Yanira Gómez, legisladora panista, fue turnada a las comisiones unidas de Legislación, Puntos Constitucionales y Anticorrupción, que presiden los diputados, Héctor García, Hernán Salinas y la misma diputada que leyó un extracto del proyecto.
Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), destacó que con esta iniciativa entrarán a discutir temas que por años estuvieron congelados y que son de suma trascendencia, como la eliminación del fuero constitucional e independizar al procurador, “para que ya no sea un brazo ejecutor del gobernador” y pueda actuar con total libertad contra los delitos del fuero común.
Asimismo, García puntualizó que el que se hable de la independencia de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) también le quita el filtro político a este ente público, que, dijo, antes solía ponerse de acuerdo con los partidos representados en el Congreso para congelar las cuentas, que también en esta Legislatura los diputados de todos los partidos se atrevieron a rechazar.
El diputado pidió que el Congreso tenga la sensibilidad para que esas reformas se den al mismo tiempo, “puesto que imaginemos lo delicado de que este Congreso se quite el fuero, pero no independice al procurador del Ejecutivo, esto ocasionaría un grave desequilibrio de poderes y podríamos todos los diputados ser perseguidos por nuestras opiniones”.
Igualmente, expuso que si la ASENL —órgano fiscalizador auxiliar del Congreso— no se independiza, “podríamos tener a un superpoder Legislativo que tendría muy acotada la actuación del gobernador y los alcaldes”.
Comentó que en la primera vuelta constitucional se debe incluir y ampliar lo que se aprobó en el periodo pasado, cuando se reformó la ley para la designación de un fiscal anticorrupción (Ernesto Canales) y se le dieron “más dientes” a la Auditoría Superior; pero no se habló entonces de un fiscal general autónomo, ni de eliminar el fuero. Sugirió que para una segunda vuelta deberá verse todo eso aunado al Sistema Estatal Anticorrupción, y como tercer paso se debe reformar lo referente a la legislación secundaria, con el fin de crear una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, una nueva Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, y crear la Sala Anticorrupción dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
Señaló que se debe revisar lo referente a la declaración Tres de Tres, la Ley de Protección de Datos, una nueva Ley de Disciplina Financiera y homologar el Código Penal con los nuevos delitos para castigar la corrupción, aprobados en el ámbito federal.
Samuel García no descartó que “en este mismo periodo se puedan sacar adelante las reformas en dos vueltas y así nombrar al nuevo fiscal general, al fiscal anticorrupción y al magistrado anticorrupción que resolvería sobre las faltas administrativas”.
En tanto, el priísta Héctor García señaló que esta transformación es una instrucción precisa que le dieron a su partido su dirigente nacional y estatal, Enrique Ochoa Reza y César Cavazos, así como el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En tanto, Rubén González, militante de Nueva Alianza, explicó que con la nueva legislación la entidad se colocará a la vanguardia, pues será el primero en crear el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas bases se iniciaron desde periodo anterior. Arturo Salinas, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que con esta iniciativa, apoyada por las siete bancadas del Congreso, “la Legis- latura demostró que su intención es poner por delante a Nuevo León, por encima de los intereses de partido”.