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Hermosillo.— Especialistas de la empresa texana LWG Consulting realizaron un peritaje en la bodega contigua a la guardería ABC, pero no continuaron hacia la estancia infantil donde se propagó el incendio debido a la inconformidad de padres de las víctimas.
A pesar de haber solicitado en tres ocasiones la presencia de peritos privados para esclarecer causa y origen del siniestro, un grupo de familiares se mostraron en desacuerdo y se manifestaron afuera de las instalaciones donde el 5 de junio de 2005 fallecieron 49 menores y 106 resultaron heridos.
La petición de que la compañía realizara los peritajes se realizó por primera vez, a través de un escrito, el 19 de febrero de 2014. En mayo de 2015 reiteraron su petición; en el mismo mes de este año, padres de los niños y representantes legales insistieron al Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que da seguimiento del caso en el desahogo de la prueba.
Sin embargo, estas acciones se realizaron bajo el engaño del anterior Ministerio Público Federal que llevaba el caso, denunció Gabriel Alvarado Serrano, abogado del Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños.
“A nosotros el Ministerio Público Federal nos convenció de firmar el documento al decir que esta empresa ya había iniciado el trabajo y que sus conclusiones serían entregadas cuando se cubriera el importe de su trabajo, pero que ya había adelantado que el incendio había sido intencionalmente provocado”, afirmó.
Puntualizó que “hace más de un mes pedimos al Ministerio Público Federal y al subprocurador Gilberto Higuera que se suspendiera la petición, porque nos enteramos que no se había realizado ningún trabajo previo y uno de los peritos que se supone había trabajado negó haber estado en el predio”.
Afuera de la estancia también permaneció Julio César Márquez del Movimiento 5 de junio, quien señaló que pidieron estar presentes en esta nueva diligencia, pero no se les autorizó, por lo que expresaron su inconformidad a los expertos, que finalmente decidieron no continuar con el estudio.
“A seis años y tres meses del incendio continúan las investigaciones en la escena del crimen, se traen a peritos y no nos toman en cuenta”, recriminó Julia Escalante, una madre afectada.
Aseguró que vecinos de la zona les avisaron que las calles contiguas habían sido cerradas por elementos policíacos y del Ejército Mexicano.
Cuando los peritos norteamericanos estaban por abandonar el lugar, llegó la Ministerio Público Laura Flores Cancino, escoltada por elementos de la PRG y cuatro personas más, quienes ingresaron a la que fuera bodega de la Secretaría de Hacienda y colocaron letreros con la leyenda “área asegurada”, lo que molestó más a los familiares, quienes solicitarán su destitución porque desde que tomó el caso “tratan con una servidora prepotente”.