Los ocho elementos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, acusados por el Gobierno estatal de estar vinculados a “chupaductos”, fueron puestos en libertad por el Juez de Control debido a irregularidades en el proceso.
En medio de gritos de jubilo de los familiares de los oficiales, el juez de Control, Lucio León Mata determinó la inmediata libertad de los Policías de Amozoc.
Las declaraciones de los abogados defensores de los policías fueron fundamentales para que el Juez rechazara vincular a proceso a los oficiales municipales, a quienes se acusó de atacar a Policías Estatales y proteger a bandas de dedicadas al robo de hidrocarburo en ductos de Pemex.
Los litigantes dieron a conocer que las declaraciones de los agentes estatales presentadas como pruebas por el Ministerio Público eran idénticas en un 99 por ciento.
Detallaron que sólo fueron modificados los nombres y las firmas de los Policías Estatales, con cuyas declaraciones se pretendía que el Juez vinculara a Proceso a los acusados.
El Juez reconoció que el Ministerio Público sólo había hecho "copy-paste" y recordó que lo importante era la veracidad de la información.
La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la resolución ante las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que se evalúen las razones que fueron consideradas por el Juez.
En un comunicado de prensa, aseguró que con independencia de la revisión que se realice de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, presentará la apelación del caso.
Y es que insistió que “las imputaciones por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado, portación de arma y usurpación de funciones, fueron sustentadas”.
Fue el pasado primero de septiembre, cuando los policías municipales fueron detenidos y acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego, usurpación de funciones, robo agravado y lesiones dolosas.
La versión oficial señaló que los municipales detuvieron a Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la localidad de Chachapa.
Según la acusación, los oficiales locales desarmaron a los estatales, los amarraron y los dejaron abandonados en unos terrenos de cultivo en el puente que conduce a San Miguel Espejo.
La versión oficial señaló que dos policías se desataron, pidieron ayuda y entonces fueron contra los municipales, a quienes detuvieron y acusaron en medios de comunicación y ante el juez de proteger a bandas de robo de hidrocarburo.