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Ha pasado más de un año del secuestro de su padre y Mario aún se siente deprimido. No sale de casa mas que para lo indispensable, y casi nunca en fin de semana. Como varios empresarios capitalinos, se ha marchado. Sólo viene en ocasiones para revisar su negocio, pues a su edad —tiene 46 años— es difícil probar suerte en otro lugar: siempre ha vivido en Chilpancingo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) asegura que en secuestros este año la tendencia va a la baja. Según sus cifras, de 2011 a la fecha se han cometido 754 plagios. 2013 fue el año en que más delitos de este tipo se denunciaron (207), seguido de 2012, cuando registraron 165, y 2011, año en el que el órgano contabilizó 137.
Hasta agosto de 2016 habían ocurrido 54 secuestros en Guerrero. En enero, el mes con más alta incidencia, ocurrieron 10; seguido de mayo, con ocho; febrero, abril y junio, con siete; agosto, con seis; julio, con cinco; y marzo, con cuatro; Chilpancingo y Acapulco fueron las ciudades en las que más se denunció el delito.
Aunque este crimen de alto impacto ha bajado considerablemente, según estimaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este año Guerrero se mantiene en el cuarto sitio a nivel nacional, antecedido por Tamaulipas, Morelos y Tabasco, con tasas de 16.18%, 6.92% y 4.48% por cada 100 mil habitantes, respectivamente; Guerrero alcanza 3.66% de la estadística.
Ante este panorama, empresarios de Chilpancingo, víctimas de secuestros, no han reconstruido sus vidas: un suceso de tal magnitud, comentan a EL UNIVERSAL, marca.
Un familiar de un empresario secuestrado este año cuenta que mientras el estado se mantenga en los primeros lugares de violencia, no podrán sentir un respiro.
Mario, quien pidió ser llamado de ese modo por motivos de seguridad, dice que la vida se detiene. Guarda rencor contra las autoridades y contra la gente que secuestró. Siente temor todo el tiempo. Aunque hay gente tras las rejas, dice, la libertad de movimiento termina. No sólo es su seguridad, es que “volteas a la calle y te das cuenta que no es que no ocurran secuestros, entre más percepción de violencia hay, más miedo a la denuncia tenemos. A mi familia le tocó el año pasado, pero en este sigue el delito”.
Sus hijos le preocupan más que nunca, y el futuro es la esperanza a la que se aferra, no por él, sino por ellos. Su padre trata de trabajar como siempre, pero la familia completa quedó vulnerable después del rapto. Dice que lo importante no es narrar cómo secuestraron a su padre, sino las secuelas con las que sobrevive la familia: su mamá se paralizó, de ser una mujer productiva ahora no quiere salir. A sus hijos les tuvo que decir que era posible que no verían más a su abuelo. Cuando todo acabó, se despidieron de la ciudad en la que nacieron.
Dieron gracias porque su papá resultó ileso de esa experiencia; en cambio, el familiar del secuestrado este año asegura que a su pariente le amputaron una extremidad. “Donde sea es complicado, pero aquí en Guerrero vivimos momentos oscuros y tristes”, dice.
Mario, por seguridad, prefiere omitir detalles sobre los captores de su padre. “De mentadas de madre no me bajaban… Es una presión sicológica terrible, no tienes muestra de vida y pueden pasar varios días sin que ocurra nada”.
Denuncia que, a más de un año de los hechos, las investigaciones de la FGE aún no concluyen y hay muchas cosas que se dejan de investigar. No sabe en quién confiar, si en la Policía Federal, el gobierno estatal, porque durante el proceso se dio cuenta de la colusión que hay entre el crimen organizado y las instituciones.
La fiscalía asegura que los secuestros bajaron, pero admite el incremento de homicidios dolosos, sobre todo en ciudades como Chilpancingo, con 160; Iguala, 90, y Acapulco, la que corona la lista, con más de 700.
Mario confiesa que se siente más riesgo: “Que haya tantos muertos y baje el secuestro nos debe decir algo, nosotros pensamos que es porque la gente ya ni siquiera se atreve a abrir la boca”.
Después del plagio que vivió su padre, varios se le acercaron para contarle de desaparecidos, de muertos sin denuncia, de jóvenes que por miedo han callado extorsiones y gente a la que amenazaron y despojaron de su patrimonio.
De acuerdo con el Índice de Paz en México 2016, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, Guerrero es el estado menos pacífico desde 2015. Este año consideró a Chilpancingo por encima de ciudades como Acapulco y Culiacán, Sinaloa, que son las menos pacíficas según su número de habitantes —menos de 300 mil—, y su percepción de inseguridad.
“Si bien la reciente disminución en el número de extorsiones, secuestros y delitos contra la salud pública puede representar un avance, el hecho de que la tasa de homicidios haya aumentado de forma paulatina podría indicar un cambio hacia formas más graves de violencia”, advierte el informe.
La más violenta. El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, de extracción priísta —en la capital nunca ha habido transición—, reconoce que la ciudad atraviesa por un momento complicado. Es considerada, admite, una de las ocho más violentas del país, y no le parece fortuito que sea de las cinco incluidas en la estrategia federal de reforzamiento de seguridad destinada a 50 municipios en el país.
En entrevista, asegura que el crimen organizado no mantiene secuestrado al municipio, porque aún “hay gente que camina en las calles”. “El zócalo está lleno”, celebra Leyva. El alcalde denunció amenazas por parte del crimen organizado poco después de que tomó protesta en octubre pasado. Ahora admite que no hay avances de las investigaciones en la PGR y que no sólo él ha sido amenazado por el narcotráfico, sino sus agentes de Gobernación.
Asegura que el narco se ha metido hasta en los bosques, incluso en las zonas más apartadas del municipio no se puede reforestar ante el asedio de integrantes de grupos organizados. Si bien la gente sale a la calle, el mismo edil acepta que lo hace temprano. “Si antes salían a un bar, ahora toman en sus casas”.
Desde hace nueve meses que tomó protesta, la situación de la Policía Municipal es prácticamente la misma: cuenta con 119 policías; es decir, un policía por cada mil 600 habitantes.
La integración del Mando Mixto, que busca concentrar las funciones de seguridad pública a un solo mando, no se ha concretado desde hace la administración municipal pasada. Ante su retraso, el edil confía en el programa de Vecino Vigilante, que ya tiene adheridas a 120 colonias capitalinas y que ha sido criticado por líderes de asentamientos al asegurar que el ayuntamiento tiene una participación casi nula.
El alcalde acepta que falta coordinación entre Policía Federal —con 350 efectivos— y de la Fuerza Estatal para dar mejor percepción de confianza a la ciudadanía.
Hipólito Lugo, coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Guerrero, advierte que en estados de mayor violencia como Guerrero las corporaciones encargadas de impartir justicia son las que más denuncias en su contra tienen. A nivel nacional, el estado se encuentra en la posición 16 en el número de denuncias contra corporaciones: en primer lugar PGR y la Policía Federal, seguidas del Ejército y la Marina.
