Más Información
El primer amparo promovido por uno de los 17 particulares que reclaman la propiedad de 17 casas y hoteles en playas de Tulum, quienes fueron violenta e irregularmente desalojados por sujetos contratados y armados con palos y piedras, en junio pasado, fue otorgado a favor en tanto se resuelve el tema de fondo.
El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, resolvió conceder al particular Allan Dieck, la restitución del hotel “Azúcar”, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Boca Paila, en Punta Piedra, en las playas de Tulum, en tanto se resuelve si es o no el legítimo propietario del inmueble.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, al pie de su hotel, inmueble custodiado por sujetos que suelen portar machetes, cadenas y piedras, Dieck indica que en estos días su hotel –que está siendo prácticamente desmantelado- debe serle devuelto por orden del juez.
En el sitio, se observa que las maderas que integran la infraestructura del centro de hospedaje, están siendo retiradas. El empresario menciona que están por resolverse otra decena de amparos promovidos y que se espera que los jueces fallen en el mismo sentido, es decir, que ordenen la restitución de los inmuebles.
Dieck explica que, al igual que los otros 16 particulares, con propiedades ubicadas a lo largo de 600 metros de playa, en la zona de Punta Piedra- Tulum, es víctima de un “juicio falso”, que dio pie a una resolución violatoria de sus derechos y del marco legal.
Recuerda que el origen está en un litigio promovido por una entrenadora de delfines, quien supuestamente arrendaba 17 inmuebles –entre pequeños hoteles, villas, casas y predios baldíos, en esa zona- al empresario, Esteban Schiavon Magaña, quien la demandó por supuestamente no pagarle la renta.
“Schiavon demanda a una entrenadora de delfines, que nadie conoce aquí, que jamás ha tenido la ocupación de ninguno de los predios, porque evidentemente nosotros somos dueños y ocupantes. El juicio que él inició se resolvió en tres meses, sin notificarnos jamás de la demanda.
“El 17 de junio pasado se presentan estos hombres con palos, piedras y, apoyados por la fuerza pública, nos sacan a la fuerza; nos expulsan y sacan a turistas que no entendían lo que pasaba, amparados por la orden de un juez y un notario, que jamás nos mostró tampoco ningún papel”, recordó.
Dieck y los otros afectados, no han podido tener acceso a dicho juicio, entablado por Schiavon a través de juzgados estatales, porque no son parte de la demanda del empresario originario de Monterrey y la entrenadora de delfines.
Para el empresario, el juez, Gustavo Efraín Chan Caamal, violó su derecho de audiencia y les ha desconocido personalidad jurídica por lo que junto con los otros afectados, decidieron ampararse.
“La entrenadora no tiene cómo demostrar que rentaba, ni que era propietaria, porque sencillamente, no lo es. Muchos de nosotros llevamos más de una década pagando predial, tenemos licencias de funcionamiento del municipio, tenemos certificados parcelarios, documentación legal.
“Lo que le dijimos al juez es que nos echaron ilegalmente, que nos han despojado y que en lo que se determina la legal propiedad, deben restituirnos nuestros inmuebles, porque no fuimos ni siquiera escuchados en juicio, lo cual es ilegal”, sostuvo.
Gente armada en lugar de turistas
Mas de una veintena de sujetos, que lo mismo llevan en la mano una radio para comunicar la presencia de extraños, o que blanden un machete, para amedrantar a curiosos, permanecen en 600 metros de playa, resguardando los hoteles que fueron arrebatados violentamente a sus ocupantes, meses atrás.
Conviven en la escena y a distancia, con turistas de alto poder adquisitivo, que se hospedan en los hoteles que se arreglaron económicamente con Schiavone Magaña, previo al presunto desalojo o después de él.
En los hoteles vacíos, salvo por la presencia de estos sujetos desconocidos y amenazantes, se han colocado enormes avisos que indica:
“Propiedad privada. La siguiente fracción de terreno es propiedad de los señores Mauricio Esteban, Ciro Miguel, José Rafael y Francisco Saveria, todos ellos de apellidos Schiavon Magaña, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, por lo tanto la persona que sea sorprendida ingresando a la misma, será consignada ante las autoridades correspondientes”, se lee en uno de esos letreros.
En esa situación están una “Casa Géminis”, “Casa Samasatti”, “Bamboo”, “Naay Beach Club”, el “Uno Astrolodge”, “Shambala Petit”, “Villa las Estrellas”, “Hotel Paraíso”, “Azúcar”, casas particulares, un par de predios sin construcción, entre otros, lo mismo que el hotel “Coqui Coqui”, de gran fama internacional y famoso por alojar a importantes personalidades de la moda y el cine.
Durante un recorrido hecho por esa hermosa franja costera, en el que participan varios de los particulares afectados y encabezado por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luz María Beristain, son los sujetos desconocidos los que salen al paso.
En alguna de las propiedades, se agrupan y sacan cadenas. La legisladora les pide prudencia; luego de identificarse, les expresa que no tienen nada que temer y los conmina a no meterse en problemas, porque de agredirla, podrían ir a la cárcel. La respuesta de uno de ellos, es contundente: “No me preocupa; yo vengo de ahí”, le dice.
En otros hoteles, la escena es similar. Hombres que ante la presencia de la gente expulsada de sus inmuebles o de cualquier extraño, aparecen, toman fotografías, se comunican por radio, piden refuerzos y adoptan una situación amenazante.
Durante su encuentro con los particulares afectados, Beristain Navarrete, se informa que además de recurrir a diferentes acciones, como la solicitud a consulados para asistir a los empresarios de diferentes países, que han sido afectados, como Francia, Portugal, Italia y los Países Bajos, se pedirá audiencia a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
La petición expresa, concretó el empresario, Fernando Jiménez, será que se defina cuál es la situación de la tenencia de la tierra en el ejido Pino Suárez, en donde se ubica esa franja costera de Punta Piedra, no sólo ante la confusión propiciada por la venta y reventa de predios, sino por la corrupción e injerencia de autoridades de las administraciones de Félix González Canto y de Roberto Borge, para propiciar los supuestos despojos y revender las tierras a políticos y amigos; incluso, para apropiarse de terrenos.
“¡Que vengan a medir ya! Que vengan a decirnos qué somos en Tulum, porque nosotros también tenemos duda, de si hemos sido defraudados por el gobierno mexicano; pero una cosa sí tenemos muy clara: Tenemos personalidad jurídica y debimos ser escuchados en juicio, pero nos echaron y nos despojaron. Eso es ilegal y es lo que estamos reclamando ahora”, concluye.
afcl
