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La comparecencia del director general de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa), Carlos Acosta Gutiérrez, ante legisladores de Quintana Roo, reveló que el ex gobernador del estado, Roberto Borge, ex funcionarios de su administración, alcaldes e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presuntamente gastaron con cargo al erario casi mil millones de pesos de 2011 a 2016 en traslados aéreos.
La comparecencia se llevó a cabo ayer ante integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, con el reclamo de los diputados ante la carencia de información aportada por Acosta Gutiérrez.
El directivo alcanzó a desmentir las declaraciones hechas por el ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo, al negar que los aviones de la empresa sirvieron para trasladar prisioneros de alta peligrosidad, de la Cárcel de Cancún a Chetumal, como dijo el ex funcionario.
“No hubo traslado de reos en avión”, sostuvo, en contradicción con lo informado por Juan Pablo Guillermo la semana pasada, al comparecer ante la 15 Legislatura.
El directivo de VIP Saesa informó que el Consejo de Administración de la empresa rentó dos jets para el traslado del ex gobernador Roberto Borge, a la compañía “Aerotaxi Villa Rica”, cuyos propietarios son la Familia Ruíz, de Veracruz.
Con “Villa Rica” se firmó un contrato –desde el 2011 hasta el 24 de septiembre pasado- para rentar las aeronaves Cessna Citation XLS, matrícula XA-UHQ, por 100 horas mensuales y una aeronave Cessna Citation XLS+, matrícula XA-URQ por 50 horas mensuales, con un precio de cuatro mil 500 dólares por cada hora de vuelo.
“Se rentaron dos aeronaves por 150 horas fijas mensuales, a razón de cuatro mil 500 dólares la hora de vuelo” -expuso Carlos Acosta- “obviamente el Ejecutivo del estado era el que hacía uso de servicio de los jets”.
Mil millones habría gastado Borge en viajes aéreos
La diputada Mayuli Martínez Simón, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que haciendo cuentas el costo mensual del traslado de Borge Angulo, familiares, amigos o políticos del PRI, a bordo del par de jets, ascendía a 675 mil dólares (13 millones 500 mil pesos al mes) que, multiplicado por los 68 meses que ostentó el cargo, más el tipo de cambio, arroja una cifra cercana a los mil millones de pesos.
La legisladora solicitó al directivo de VIP Saesa información sobre el helicóptero Bell 407 XC-FIP, propiedad del gobierno del estado, de fabricación 1996, a lo que Acosta Gutiérrez respondió que se encuentra en mantenimiento desde hace siete años, después de un servicio de dos mil 500 horas.
Martínez Simón reclamó que en lugar de repararlo –lo que hubiese costado 27 millones de pesos- decidieron rentar otro helicóptero por más de 40 millones de pesos. Incluso, dijo que se corre el riesgo de perder la aeronave sino se paga el próximo 30 de octubre.
La contratación del helicóptero a “Villa Rica” inició el primero de enero de 2014 con 25 horas mensuales a 3 mil 250 dólares la hora, lo que da un total de un 81 mil 250 dólares, es decir, un millón 625 mil pesos.
El PRI adeuda 450 mil pesos: Vip Saesa
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, cuestionó al directivo sobre si existían facturas por servicios aéreos ofrecidos a legisladores o a algún partido político.
El directivo respondió que al gobierno estatal le facturaron, en 2015, 190 millones 431 mil 790 pesos y en 2016 llevan 161 millones 387 mil 278 pesos.
En 2015 se facturaron 565 mil pesos y en 2016, 274 mil pesos al entonces presidente de la Gran Comisión, Pedro Flota, militante del PRI.
Acosta Gutiérrez fue más allá al revelar que dicho instituto político adeuda 450 mil pesos al haber hecho uso de los jets, sin haber finiquitado el pago por servicios aéreos.
El actual diputado, Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social (PES), confirmó que en 2011, en su calidad de presidente municipal de Othón P. Blanco, utilizó el servicio de taxi aéreo para trasladarse a un evento oficial, pero que nadie le dijo que tenía un costo.
“Si debo algo, que me lo digan y con gusto lo pago”, expresó, al tiempo en que concluyó que se confirma que “hubo un gasto excesivo y superfluo para favorecer a un grupo político”.
Al respecto, el legislador Jesús Zetina Tejero lamentó que su homólogo, Raymundo King se ausentara de la comparecencia, ya que es mencionado como usuario de las aeronaves y podría aportar información.
Ante la carencia de datos e información completa sobre bitácoras de vuelo, identidad de usuarios, entre otros, el director de VIP Saesa recibió toda clase de reclamos.
La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Beristain, reprochó al directivo haberles hecho perder el tiempo, mientras que el presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Ramos, le anunció que presentará ante el pleno una solicitud formal para requerir los reportes completos, pues la información que expuso era “insuficiente”.
Qué es VIP Saesa
VIP Saesa fue constituida como empresa privada el 26 de mayo de 1994 mediante escritura pública 37357, ante notario público en la Ciudad de México, con el objetivo de prestar un servicio de transporte público de transporte aéreo no regular de pasajeros.
Cuenta con un permiso de taxi aéreo nacional, con clave TAN-TN 505, expedido el 20 de septiembre de 1995, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Se posee además una concesión para taxi internacional, con clave TAI 102-419-3352 del 10 de enero de 1996.
El 23 de noviembre de 1995 se celebró un contrato de compra por 48 acciones, con el gobierno de Quintana Roo y dos acciones con la Administración Portuaria Integral del estado (Apiqroo).
En una asamblea de accionistas celebrada el 10 de febrero de 1996 se autorizó la venta de las 50 acciones antes citadas.
La plantilla de personal, al 24 de septiembre pasado, es de 42 trabajadores de confianza y siete empleados por honorarios, asimilados a salario.
La empresa, al ser parte del gobierno del estado, brinda servicios de transportación aérea a solicitud de las dependencias estatales, que marcan la ruta y el número y tipo de pasajeros.
Una vez brindado el servicio, VIP Saesa generaba la factura correspondiente para ingresar a cobro, se generaba el pago y el ingreso debía verse reflejado como ingreso de la empresa.
El directivo aceptó que en ocasiones se brindó el servicio a particulares, pero no especificó su identidad e indicó que a falta de aeronaves, se recurría a la renta o contratación de proveedores externos.
Entre los “clientes” principales estaba la Secretaría General, dependiente del Ejecutivo; la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y Protección Civil.
spb
