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A través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), el gobierno de Roberto Borge, despojó a las empresas españolas Galapazul y G.A. Sol, de un terreno de 467 mil 904.86 metros cuadrados, localizado en las bahías de Xcacel- Xcacelito y lo vendió en tan sólo 23 millones 400 mil pesos a una empresa denominada “Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga S.A. de C.V.”
Esta acción se suma a los despojos y ventas que se han realizado durante la gestión de Borge Angulo, quien en cuestión de horas entregará el mandato al gobernador electo, Carlos Joaquín González, a quien heredará, además de este tipo de fraudes, un estado en “quiebra financiera” y acusaciones del desvió de millonarios recursos para el mantenimiento de playas o para la promoción turística.
El terreno costero del cual se apropió el gobierno del estado, para luego enajenarlo, se encuentra en una zona emblemática que, además de poseer la playa de mayor anidación de tortuga marina, está dentro de la zona de influencia del área natural protegida de carácter estatal “Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito”, en la localidad de Chemuyil, municipio de Tulum.
El contrato de compraventa posee una cláusula inédita que obliga a que el contenido de la operación se clasificara como confidencial, “toda vez que la inseguridad en el país genera gran incertidumbre en los inversionistas”, y que la difusión de la información de dicho documento haría presumir “una gran capacidad económica” de la empresa compradora.
En pocas palabras, la compraventa se mantuvo casi en secreto. Dicha clausula contraviene la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, que determina que las ventas del patrimonio estatal son públicas y debe mediar una licitación de venta.
La operación se firmó el 22 de diciembre del 2011 en Chetumal, ocho meses después de que Borge Angulo asumiera el cargo de gobernador. Signaron el contrato la directora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva y Santiago Samuel Jiménez Moreno, representante legal de “Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina” y director de expansión de Corpogas.
La copia del contrato, en poder de EL UNIVERSAL, indica que el IPAE se asumió como “posesionario originario y legítimo propietario” del inmueble, pese a que los dueños eran las empresas Galapazul y G.A. Sol.
La venta del terreno costero -de 467 mil 904.86 metros cuadrados- fue a título privado, es decir, no inscribible en el Registro.
“Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina”, pagó la cantidad de 23 millones 395 mil 243 pesos al gobierno del estado que, a través del IPAE, le vendió el metro cuadrado a sólo 50 pesos, pese a tratarse de un terreno con playa, en la zona de anidación más importante y mejor conservada de la Riviera Maya y del estado.
Por concepto de enganche se pagó el 20 por ciento del monto total de la operación, equivalente a cuatro millones 679 mil 048 pesos; el depósito se hizo a una cuenta del IPAE, con número 4050897008, del banco HSBC.
El saldo restante fue de 18 millones 716 mil 194.40 pesos y se obligó a la empresa a liquidarlo al Instituto en 24 pagos mensuales de 779 mil 841.44 pesos, garantizados con pagarés.
Para la transmisión del predio, los compradores debieron pagar por concepto de titulación y gastos de administración, un millón 637 mil 667 pesos; el IPAE se comprometió a emitir el titulo de propiedad correspondiente.
Despojo
Faustino Martínez Esteban, representante legal de las sociedades Galapazul y G.A. Sol, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, que a través de una maniobra ilegal, se cancelaron los datos registrales del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), despojándoles y enajenando el predio a un tercero.
“Desde el inicio del sexenio del señor Borge, a través del IPAE, por medio de un contrato privado, con clausula de confidencialidad, se despojó a Galapazul y a G.A. Sol de terrenos en Xcacel”, indicó Martínez Esteban.
El fideicomiso de Galapazul que fue borrado, estaba inscrito en el Número 50 y 51, fojas 290-299 del tomo CCCXX, Sección Primera del Registro Público de Chetumal.
“Cuando fuimos a indagar qué pasaba en el Registro Público de Playa, nos dijeron que no traspasaron la información del Registro de Chetumal; fuimos a Chetumal y nos dicen que no se puede dar información porque ya se canceló la inscripción. Pedimos un certificado de gravamen y del motivo jurídico de la baja y se nos negó.
“Los fideicomisos los desaparecieron del Registro Público y como por tratarse de Quintana Roo, la inscripción en el Registro tiene efectos constitutivos en actos translativos de dominio, sobre bienes inmuebles, es tanto como desaparecer el título de propiedad. Aquí estamos hablando de que se cometió un despojo, en perjuicio nuestro y un fraude inmobiliario, al adquiriente”, explicó el empresario español.
El origen
Galapazul y G.A. Sol, son empresas que junto con Mogan Promociones, Corporación Hotelera Hispano Mexicana y Aldeas de la Costa Maya, buscaron construir cinco hoteles en Xcacel-Xcacelito, desde el 2000, en un predio de 164.51 hectáreas. Sin embargo, no tuvieron éxito.
Los predios se los vendió, cuando fue gobernador, Mario Villanueva, a través de la extinta Fidecaribe; tiempo después decretó la zona como área natural protegida de carácter estatal, denominada “Santuario de la Tortuga Marina”, el 21 de febrero de 1998, lo que constituyó uno de los primeros escollos que los empresarios tuvieron que sortear.
La comunidad se opuso al megaproyecto debido a que Xcacel-Xcacelito ha sido ubicada como la principal zona de anidación para la tortuga marina, además de que se pensaba que el desarrollo de los hoteles comprometería el recurso hídrico para el poblado de apoyo de Chemuyil.
En el 2000, el quinteto de empresas obtuvo una autorización para llevar adelante el megaproyecto, pero ésta fue impugnada por ambientalistas; medió el pago de una millonaria fianza para impedir que se construyese nada mientras se resolvía el litigio legal; la fianza fue exhibida a finales de ese año por el entonces alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Patrón Azueta, quien actualmente forma parte del equipo de transición del gobernador electo, Carlos Joaquín González.
En 2001, en medio de protestas sociales, la Semarnat determinó que el proyecto tendría que evaluarse por segunda ocasión; se efectuó una segunda consulta pública, se evaluó el proyecto y, finalmente, en ese año la Secretaría concluyó que el megadesarrollo no era viable en los términos en que estaba planteado.
Entre la opacidad y las irregularidades
Para compensar a Corporación Hotelera Hispano Mexicana (Sol Meliá) y a Mogan Promociones –ex socios de Meliá-, por el rechazo del megaproyecto, el gobierno del estado, representado por Joaquín Hendricks, les permutó los terrenos que poseían en la bahía, por otros en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en donde construyeron un hotel.
Años después, durante la administración del entonces gobernador, Félix González Canto (2005-2011), los terrenos de Xcacel, que eran propiedad de Sol Meliá y que pasaron al patrimonio estatal, fueron cedidos a la Universidad de Quintana Roo (UQROO), para cubrir otra irregularidad.
La institución educativa intentó ser despojada por la secretaria técnica del Gabinete, Cecilia Loría, quien se asumía propietaria de un predio que correspondía a la casa de estudios, en Tulum, en donde se pensaba construir un campus universitario.
La UQROO y la funcionaria litigaron el caso jurídicamente; el entonces rector, José Luis Pech Várguez, sostuvo que la institución era legítima propietaria del predio de 36 hectáreas en Tulum, con valor catastral -en 2006- de 97 millones de pesos.
Como solución, González Canto instruyó al IPAE, entonces representado por Gina Patricia Ortiz, para ofrecer una permuta de terrenos a la UQROO.
A cambio de las 36 hectáreas en Tulum, el IPAE ofreció 90 hectáreas, con mil 200 metros de playa en Xcacel-Xcacelito, a favor de la UQROO, con valor de más de 180 millones de pesos.
La operación incluía un predio de 20 hectáreas en Playa del Carmen para la construcción de campus universitario –actualmente en operación- y 10 millones de pesos en efectivo, a cambio de las 36.8 hectáreas perdidas en Tulum, con valor catastral de 97 millones de pesos. Pech Várguez, aceptó en 2007.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex diputado local, Juan Carlos Pallares, quien junto con otros legisladores se opuso al despojo y permuta de terreno, indica que hoy, en las 36 hectáreas que se arrebataron a la UQROO, se alza un enorme desarrollo turístico llamado Aldeas Zama.
“Todo fue durante el periodo de Félix. No sabemos en qué terminó el litigio con Cecilia Loría, ni con los otros supuestos posesionarios, pero hoy tenemos un flamante desarrollo turístico en lugar de una Universidad. Son unos verdaderos magos”, dijo, ironizando.
En 2013 la entonces rectora de la UQROO, Elina Coral Castilla, anunció que en las 90 hectáreas de Xcacel, que se entregaron a la institución, se instalaría el Centro de Monitoreo e Investigación de Costas de la Península de Yucatán, un ambicioso proyecto al que se destinarían 60 millones de pesos, pero que se quedó congelado.
El predio en Xcacel, de Aldeas de la Costa Maya, propiedad de los hermanos Juan, Raúl y Mauro González Angulo -primos del ex gobernador, Félix González Canto y del saliente mandatario, Roberto Borge Angulo- también fue permutado por un terreno en Cozumel.
En cuanto a Galapazul y G.A. Sol decidieron no aceptar ninguna permuta y conservar sus predios, hasta que el gobierno de Borge Angulo los ofreció y vendió.
