Más Información
El encono provocado por la presunta displicencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal y las omisiones del gobierno de Nayarit ante el conflicto agrario entre la comunidad wixarika (huichola) de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan y ganaderos mestizos de Huajimic, en el municipio de La Yesca, provocó que este jueves por la tarde algunos ganaderos retuvieran durante más de cuatro horas a personal del Tribunal Agrario 56, al abogado de la comunidad y a un grupo de periodistas.
Por la mañana, durante la ejecución de la primera de 13 sentencias que les restituyen casi 2 mil hectáreas al pueblo a wixarika, el gobierno de Nayarit decidió mandar al sitio sólo a un par de policías investigadores pese a la solicitud de mayor apoyo por parte del Tribunal y la advertencia de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de que el asunto es de “alta conflictividad social”.
Esta primera “ejecución forzosa”, que implicó desalojar a la posesionaria de casi 200 hectáreas, se logró realizar debido a que bajaron desde las comunidades de San Sebastián y Tuxpan unos 800 wixaritari que tomaron el territorio.
Sin embargo, por la tarde, al terminar la diligencia legal, al menos un centenar de ganaderos enfurecidos –que también tienen documentos de propiedad en este conflicto que en total afecta 10 mil hectáreas– bloquearon el paso de los funcionarios del tribunal, del abogado y de los periodistas y los retuvieron ahí para exigir la presencia de autoridades estatales y federales que puedan solucionar este conflicto.
La Policía Nayarit en todo momento se mantuvo varios kilómetros alejada del sitio del conflicto, que solo era vigilado por unos cuantos elementos de la policía municipal y la fiscalía del estado.
Incluso, algunos de los ganaderos presentes en el bloqueo dijeron a EL UNIVERSAL que el presidente municipal de La Yesca, Jair de Jesús Paredes Castañeda, tenía órdenes del gobernador, Roberto Sandoval, de no intervenir en el asunto.
Desde que inició el bloqueo por parte de los ganaderos estuvo presente un funcionario de la Fiscalía que sólo se identificó como jefe de investigación de la zona, pero se retiró del lugar “para ir a recibir instrucciones” y apareció horas después, cuando ya había un acuerdo entre algunos ganaderos y el abogado de la comunidad indígena, Rubén Ávila Tena.
La molestia de los ganaderos tiene que ver con que además de las 13 sentencias hay aún 24 juicios en proceso que muy posiblemente se resuelvan en favor de los wixaritari y les restituyan 10 mil hectáreas, lo que implicaría que muchos de los mestizos se queden sin tierras.
Tras varias horas de diálogo, por la noche, los ganaderos acordaron liberar el paso a cambio de que el abogado gestionara una reunión con la comunidad indígena para tener un diálogo directo y entre ambas partes presionara a Sedatu para que intervenga en el asunto –como lo han solicitado en varias ocasiones– a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural.
