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Oaxaca.—“Estábamos en la refriega y cuando nos cansamos nos hicimos a un lado en un terreno baldío; de repente empezaron los balazos y nos echamos pecho tierra; la verdad fue bastante complicado porque había una lluvia de balas. Un jovencito se levantó, quiso correr y le dieron un balazo en la ingle, que fue el caso de Jesús Cadena.
“En ese momento traté de auxiliarlo pero cuando volteé, mi hermano —Anselmo Cruz Aquino— ya estaba con un balazo en el mentón; en menos de cinco minutos se desangró y murió. A un lado nuestro, a otro compañero, Yalid Jiménez, le dieron cuatro balazos… fue terrible”.
Así narra José Luis Cruz Aquino el 19 de junio en Asunción Nochixtlán, enfrentamiento en el que, de acuerdo con cifras oficiales, perdieron la vida ocho personas, una de ellas Anselmo, quien dejó en la orfandad a dos niños: de tres y cinco años de edad.
Ante lo que consideran falta de justicia, ayer familiares de los fallecidos y lesionados por el enfrentamiento con policías presentaron en la capital un amparo en contra del informe que rindió para el caso la Comisión Especial, conformada por ambas cámaras del Poder Legislativo federal.
El abogado común de las víctimas, Maurilio Santiago Reyes, dijo que el informe rendido por el órgano referido carece de veracidad y tiene el objetivo de“justificar la masacre de Nochixtlán”, además de que vulnera los derechos de las víctimas.
Indicó que dicho documento podría ser tomado por la Procuraduría General de la República como parte de las indagatorias que realiza, y con ello darle carácter legal, pese a que no cuenta con el testimonio de los afectados.
Por esa misma situación, expuso que acudirán en su momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano sea juzgado en su momento como responsable.
Denunció que en Nochixtlán hubo ejecución extrajudicial de personas, detenciones arbitrarias y cientos de lesionados por disparos de armas de fuego. Demandó también que se investigue la actuación del notario público número 65, Blas Fortino Figueroa Montes, por prestarse a certificar que la policía no iba armada durante el operativo de hace tres meses, cuando se ha demostrado lo contrario.
Adelantó que demandarán a la CIDH medidas cautelares para Juana Ramón Solís, presidenta del Comité de Víctimas “Por Justicia y Verdad 19 de Junio Nochixtlán”, pues ha recibido amenazas de muerte, además de que allanaron su domicilio el 31 de agosto pasado, cuando ella se encontraba en la Ciudad de México.
