Un total de 127 ejidatarios de La Sierrita de Galeana en Tlahualilo, Durango, mantienen una disputa en los tribunales agrarios para rescindir un contrato de arrendamiento con la minera canadiense Excellon Resources Inc, pues la acusan de incumplir diversas cláusulas del contrato, presuntamente al amparo de la embajada canadiense y el propio gobierno mexicano.
Mientras los campesinos esperan justicia, asentados en un desierto de 6 mil 436 hectáreas —a 50 minutos de la zona conurbada de La Laguna—, suman cuatro años de juicio y meses de esperar sentencia por parte del Sexto Tribunal Agrario en Coahuila, la minera canadiense continúa con la explotación de plata, plomo y zinc de los terrenos, sin pagar por la renta y con la desfachatez de anunciar a sus inversores —apenas el 17 de agosto— la exploración inicial de perforación de diamantes a 25 mil metros.
Durante esa espera, don Lupe Luna, uno de los 127 ejidatarios, vio morir de sed a sus vacas. Con 68 años, el campesino aguarda a que sus hijos le manden algo de dinero en lo que se resuelve la disputa.
— ¿Cómo ve el asunto con la minera?
— Lo veo tardado. Fue mucho navegar, pero no nos vamos a mover ganemos o perdamos. Si perdemos, perdemos luchando.
Don Lupe entiende de luchas. Huyó del hambre en Peñón Blanco hasta que llegó a Gómez Palacio, donde un grupo de amigos lo invitaron a reuniones para solicitar tierras al gobierno. “Aquí era puro monte”, recuerda. La Sierrita fue uno de los últimos ejidos en ser decretado por el gobierno en 1980.
Pero así como llegaron, empezaron a irse por falta de agua. “Nunca hemos tenido agua para sembrar y en un principio ni para beber... El Ejército nos traía agua cada semana”, recuerda Juan Daniel Pacheco Álvarez, actual presidente del Comisariado Ejidal.
Hasta que llegó la minera canadiense y les prometió agua, dinero y apoyos.
Red de engaños
En 2004 Excellon solicitó a los ejidatarios explotar cuatro hectáreas a cambio de una renta anual de un millón 200 mil pesos. Sin embargo, “arbitrariamente” cambiaron a 27 hectáreas. “Lo toman o lo dejan, sino vamos a promover expropiaciones”, amenazaron a los campesinos, quienes firmaron sin la autorización de la Asamblea Ejidal.
La mina La Platosa comenzó sus operaciones en 2004 y en el primer semestre de 2016 reportó ingresos por casi 10 millones de dólares. En 2007 los campesinos exigieron negociar.
Excellon accedió porque ahora quería explotar 2 mil 700 hectáreas. Pretendían comprar las tierras, pero los ejidatarios querían rentarlas.
Finalmente Excellon accedió a rentar mil 100 hectáreas. El Contrato de Ocupación Temporal de 2008 quedó en 5 mil pesos anuales por hectárea: 5 millones y medio anuales. Incluyó un fondo social de 3 millones de pesos y 17 mil pesos mensuales de beca escolar para 200 estudiantes del ejido. Todo se cumplió.
Sin embargo, también se acordaron cláusulas que Excellon no cumplió, principalmente una que era causa de rescisión: si la empresa quería explorar más allá de las mil 100 hectáreas, tenía que pedir permiso y especificar los beneficios que tendría la comunidad.
“Nunca nos tomaron en cuenta. Nos mandaron un documento avisando que iban a explorar, pero no pidieron permiso”, reclama Juan Daniel Pacheco. Fue en julio de 2011.
Excellon arrastraba más violaciones al contrato: no otorgó la concesión del transporte de mineral y del servicio de comedor al ejido; no construyó la planta tratadora de agua con la que los campesinos utilizarían los 12 mil galones de agua por minutos que extrae la minera y siempre sacó excusas para proveer trabajo a los habitantes de La Sierrita.
La suma de los incumplimientos llevó a que los ejidatarios interpusieran, el 4 de septiembre de 2012, la demanda 683/2012 en el Sexto Distrito del Tribunal Agrario, en la que piden rescindir el contrato y que se cubran los pagos suspendidos por tres años, así como 60 millones de pesos por resarcimiento de daños.
En contraparte, Excellon, que se autodenomina como “el mayor productor de plata en México”, demanda que los ejidatarios devuelvan el dinero que se les ha pagado: los acusan de pérdidas millonarias por una manifestación en 2012 y reclaman como suyas 27 hectáreas.
Intervención del gobierno
El 29 de agosto de 2012, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Municipal entraron violentamente a La Platosa e intentaron desmantelar un campamento de los ejidatarios a las afueras de la mina, días antes de interponer la demanda.
“Han realizado detenciones arbitrarias al interior de la comunidad, sin justificación y sin que presenten a los detenidos ante el Ministerio Público”, relata Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) que defiende a La Sierrita.
La organización Mining Watch Canadá descubrió, vía solicitudes de transparencia en aquel país, que la embajada canadiense presionó al gobierno mexicano para servir a Excellon.
“Encontraron comunicaciones entre el CEO [Brendan Cahill] y la entonces embajadora [Sara Hradecky] de Canadá en México, en la que le decía que se necesitaba la intervención de la fuerza pública. Un día antes de la intervención hay registro de un correo en el que la embajadora le confirma que se realizará una acción del gobierno para acabar con la protesta. En aquella ocasión los soldados se apostaron apuntando a ejidatarios, los policías federales les pusieron las armas”, cuenta el abogado de ProDESC.
Aunado al presunto apoyo de los gobiernos, Excellon no tuvo empacho en infringir leyes laborales mexicanas e internacionales: violó el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, establecidas inclusive en la Organización Internacional del Trabajo.
Efraín Pulido lo vivió. “Eres de Sierrita, vas pa’ fuera”, le dijeron cuando lo corrieron, sin que ningún sindicato lo protegiera.
“Un día llegaron y me bajaron el sueldo. Nos dijeron que éramos ahora parte de Minera San Pedro”, cuenta Efraín. Servicios Mineros de San Pedro, S.A de C.V y Excellon de México S.A de C.V son filiales de la trasnacional Excellon Resources Inc.
“Surgieron sindicatos que sorprendentemente ya tenían contratos colectivos”, detalla el abogado Juan Antonio López, de ProDESC. Después de presiones, lograron conformar la sección sindical 309. “Todos los trabajadores fueron despedidos”, asegura el litigante.
El comisariado ejidal, Juan Daniel Pacheco, muestra el polígono donde encontraron evidencia de la exploración irregular que hizo Excellon; se ven daños en la vegetación.
Desde que Excellon explota las tierras, han surgido, a la par de los conflictos con la minera, otras siete disputas por linderos y cuatro por tierras con otros propietarios que se dicen dueños de ciertas demarcaciones. La Sierrita se ha convertido, literal, en una mina de oro.