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San Diego.— Ayer el gobierno de Estados Unidos decidió trasladar a migrantes haitianos que se encontraban en un refugio de la sociedad civil de esta ciudad a las instalaciones de la Guardia Nacional del Ejército.
A las 10:00 horas, unos 200 migrantes que obtuvieron una cita con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y que se encontraban en el único refugio habilitado para albergarlos —el Ministerio Metodista Haitiano—, fueron traslados en camiones y Uber a las instalaciones militares ubicadas en el área de National City, a unos 20 minutos de la línea fronteriza, donde no se permite el acceso. Aunque activistas de San Diego intentaron impedir el contacto con los haitianos; ellos voluntariamente accedieron a contar los hechos.
Según los indocumentados, en la iglesia ya no había espacio para albergar a más personas y se habían visto rebasados ante la llegada masiva de migrantes en los últimos meses. “Aquí es más espacioso”, contó Fenel, quien reveló que al interior de las instalaciones había al menos 200 personas.
Vigilados. Fenel nació en la zona central de Haití. En 2006 abandonó su tierra porque para un mecánico como él, no había oportunidad de emplearse. Hasta hace dos meses permaneció en República Dominicana, después unos amigos lo animaron a viajar a Estados Unidos. La historia de otros migrantes haitianos es casi idéntica a la de Fenel: salió de República Dominicana, llegó a Colombia, atravesó Centroamérica, ingresó a México por Tapachula y esperó una cita para obtener un permiso de tránsito de 20 días por México.
Viajó en camión hasta la frontera norte, en Tijuana, donde esperó por otra cita, ahora con el gobierno de Estados Unidos, para exponer su historia y obtener una visa humanitaria: permiso para vivir en el vecino país tres años.
“Estuve encarcelado en migración y finalmente me dieron mi permiso, pero me pusieron esto en el pie. Me dicen que cuando llegue a Miami me lo quitarán”, dice Fenel mientras señala su tobillo. Lleva un dispositivo electrónico de monitoreo en su pie izquierdo. Una especie de grillete con GPS que le permite a las autoridades saber en dónde está. Eso asegura que llegará al destino que notificó: Miami, a donde va el grueso de la población migrante haitiana.
Dice que es molesto y pesa mucho. Es de plástico y se calienta, lo que le provoca mucha comezón y ansiedad, se queja Fenel, quien se encuentra a la espera de que sus familiares —un tío y un primo que viven en Miami— le envíen dinero para un boleto de avión o un pasaje de camión.
“Me siento como delincuente con esto en el pie, yo no hice nada, sólo quise llegar a Estados Unidos para regresar algún día a mi país y poner un taller mecánico”, señala el migrante.
México, sin acciones. Hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los gobiernos de Baja California y del municipio de Tijuana medidas urgentes a favor de más de 3 mil migrantes extranjeros, principalmente haitianos, que llegan a Tijuana.
Citaron el reportaje publicado por EL UNIVERSAL: Haitianos se hacen pasar por africanos en Tijuana, que expone que más de 2 mil indocumentados están varados en la ciudad en espera de una cita para cruzar a Estados Unidos.
Los albergues se declararon en “crisis humanitaria” ante su limitada capacidad para el hospedaje y manutención de miles de haitianos y la poca ayuda del gobierno municipal y estatal para su atención.
En un comunicado, el ayuntamiento rechazó las medidas cautelares, con el argumento de que las indicaciones de la CNDH se habían realizado desde hace meses, y aseguraron que han brindado apoyos de 600 mil pesos a organismos de la sociedad civil.
“Por lo cual el gobierno municipal no acepta las medidas cautelares emitidas por la CNDH, ya que desde el momento en que se presentó el arribo de migrantes el ayuntamiento de Tijuana atendió puntualmente las necesidades básicas de connacionales y extranjeros”, dicen.
En tanto, el gobierno federal no ha determinado cuánto destinarán a Tijuana de los 300 millones de pesos del fondo de apoyo a migrantes del gobierno de la República, autorizado para su aplicación desde enero.
