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Monterrey.— El coordinador de la diputación del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Arturo Salinas Garza, señaló que el gobierno de Nuevo León no puede actuar como la delincuencia, al extorsionar y cobrar derecho de piso a los restaurantes para que puedan funcionar.
Esta declaración surgió a raíz de las quejas de varios empresarios que, ante el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acusaron a inspectores de la Secretaría de Salud de pedirles “moches” para dejarlos trabajar.
El lunes por la noche, socios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) expusieron a Rodríguez Calderón que los inspectores les exigen desde 100 mil hasta 200 mil pesos a cambio de no cerrar sus establecimientos por supuestas violaciones a las normas sanitarias y a la Ley Antitabaco.
Al respecto, el mandatario dijo que habló directamente con los quejosos y les pidió que a través de WhatsApp den a conocer los nombres de los funcionarios que exigen los “moches” y no sólo digan “chismes”, para actuar de inmediato y ver si así pueden agarrarlos “con las manos en la masa”.
Reacciones. El legislador Salinas Garza explicó que los restauranteros deben acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGE) a presentar la denuncia penal correspondiente.
Agregó que lamentablemente este tipo de actitudes por parte de los servidores públicos del gobierno estatal se ven estimuladas por un gobierno que no castiga los actos de corrupción, como se puso en evidencia con el caso de las 200 mil cobijas que adquirió al triple de su valor el ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, ya que para la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción no existió ningún delito y solamente se sancionó al responsable de esta operación con una multa de 7 mil pesos.
A su vez, Marco Antonio González Valdez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que debe haber una investigación para evitar las extorsiones a los empresarios. Al mismo tiempo, dijo que hay que tomarle la palabra a El Bronco y denunciar a los inspectores que cobran “moches”.
Puntualizó que los propietarios afectados que tienen miedo pueden hacerlo de manera anónima o buscar el apoyo del Congreso local para presentar sus quejas.
Asimismo, comentó que a pesar de que la legislación antitabaco prohíbe fumar en lugares cerrados, ha observado que existe gente que lo hace en algunos casinos y restaurantes, hecho que da fuerza a las denuncias de los miembros de la Canirac, en el sentido de que se les permite violar la ley a cambio de “moches”.
