Monterrey.— Un grupo de ciudadanos protestaron en Palacio de Gobierno contra la exoneración de Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración del gobierno de Nuevo León, por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción en la investigación sobre la compra de 200 mil cobertores al triple de su valor.
Pedro Alejo Rodríguez, dirigente de la agrupación Ciudadano Empoderado, dijo que acudieron a exigirle al gobernador Jaime Rodríguez que cumpla su palabra de acabar la fiesta de los bandidos y tener cero tolerancia con la corrupción, como prometió al tomar posesión, cuando dijo que le “mocharía la mano a los rateros”.
Expresó que es el caso más claro de corrupción de sus colaboradores, pues El Bronco lo está encubriendo, por lo que “tal parece que el ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides, más que su amigo es su socio, en la adquisición de 200 mil cobijas, con un daño de 20 millones de pesos para el estado”.
Panista pide auditoría. El coordinador de la diputación local panista, Arturo Salinas Garza, dijo que al dejar sin castigo penal a su amigo Benavides, sólo con una multa de 7 mil pesos, el gobernador perdió la oportunidad de demostrar que su gobierno era diferente; lo único que ha quedado claro es que, contrario a lo que ofreció, “a los bandidos no se les acabó la fiesta”.
Benavides realizó la compra de cobijas en diciembre, para entregarlas en temporada de Navidad; renunció en febrero pasado tras conocerse que las compro a sobreprecio y la semana pasada se dio a conocer la sanción.
Salinas Garza anunció que hoy presentará un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión sobre la adquisición de las cobijas, en tiempo real, es decir antes de que se supervisen las cuentas públicas 2015 del gobierno estatal.
Expresó que, según los mensajes que recibe, en la ciudadanía hay indignación por la forma de actuar del gobernador, la contralora estatal, Nora Elia Cantú, y el subprocurador en combate a la corrupción, Ernesto Canales.
Dijo que la contralora no inhabilitó a Benavides, el subprocurador declaró que no había delito qué perseguir, pese a que las cobijas fueron adquiridas en 144.9 pesos, cuando el precio de mercado oscilaba entre 51 y 53 pesos.