Guanajuato.— Con el dolor de ver a su hijo de 11 años “en cama” por la golpiza que le propinó un padre de familia supuestamente por levantarle la falda a su hija, Griselda Rodríguez se presentó en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos a solicitar ayuda. Aseguró que las autoridades educativas la han dejado sola.
La oficina del ómbudsman inició el expediente de queja 161/2016-P por la violencia que se ejerció en contra del alumno dentro de la Secundaria Técnica 47 de Celaya y pidió al director del plantel, Agustín González, un informe sobre los hechos.
Hasta el momento, el agresor no ha comparecido ante el Ministerio Público pero se encuentra identificado y se ha girado citatorio para que se presente a una entrevista. El subprocurador de Justicia de la Región C, René Urrutia de la Vegase reservó el nombre de la persona señalada.
En la secundaria todos tienen prohibido hablar de la agresión que sufrió Abraham, la tarde del jueves pasado.
“No hay comentarios, le pido que se remita a la postura oficial de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), estamos muy preocupados y estamos redoblando la vigilancia”, dijo el director, responsable de 36 grupos con más de mil 500 alumnos en los turnos matutino y vespertino.
Ante Derechos Humanos, Griselda Rodríguez señaló que una sicóloga y una maestra observaron cuando su niño era azotado y no lo impidieron.
En un comunicado, la Secretaría de Educación asegura que el personal se percató de la agresión, resguardó al menor y pidió una ambulancia.
“La única que gritó ‘¡déjelo!’ fue una señora de intendencia y además nunca llegó la ambulancia y el director tampoco hizo nada”, narró Griselda.
Ayer, después de cinco días de hospitalización, Abraham fue dado de alta, con la indicación médica de recibir tratamiento durante un año y estar bajo observación, “porque lo grave no fueron los golpes en la cabeza, sino la falta de oxigenación al cerebro”.
Griselda dice que ha sido objeto de burlas del personal de la escuela y pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez, que no haya represalias en contra de las personas que dieron su testimonio ante el Ministerio Público.
