Por unanimidad, el Congreso de Quintana Roo aprobó las primeras reformas que echan para atrás parte del llamado “paquete de impunidad”, por lo que fue derogado los escoltas por 15 años al gobernador del Estado y su familia, además de aprobarse que los delitos que se comentan contra el erario o recursos públicos serán perseguidos de oficio.

En la sesión de pleno de este jueves, los legisladores del PRI y PVEM se sumaron al PAN, PRD, Panal, PES, Morena y al diputado independiente para dar marcha atrás a parte de las reformas que impulso la anterior legislatura.

Incluso, el diputado independiente, el ex priísta Juan Carlos Pereyra pidió que se presentara un exhorto respetuoso al secretario de Gobierno, Román Quian Alcocer y al director del periódico oficial del Estado para que se publiquen las reformas lo antes posible, ya que si no se publica al 25 de septiembre, fecha del cambio del gobierno estatal, el actual gobernador Roberto Borge Angulo entraría en la ley vigente o sea podría acceder a escoltas por 15 años.

En relación a esta reforma a la ley de seguridad pública se regresa a como estaba, es decir, podrán tener escoltas por el mismo periodo que fueron funcionarios, por ejemplo Borge Angulo tendría derecho a 5 años 5 meses y a renovar este beneficio por un periodo más.

En el paquete de blindaje, se había reformado que los delitos que se comentan contra el erario o recursos públicos no fueran considerados como graves, pero con la reforma del Código Penal del Estado aprobada estos serán perseguidos de oficio.

Originalmente, algunos delitos se castigaban hasta con 10 años de prisión, pero con las reformas que se hicieron en Cancún, se bajaron a 5 años, por lo que hoy nuevamente se restablecieron a 10 años de prisión.

A unos días de que concluya la actual administración –el 25 de septiembre-, el Congreso del Estado cito a comparecer a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo; el Fiscal General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera; el Secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez; el Secretario de Salud, Juan Ortegón Pacheco; la titular del Instituto del Patrimonio, Claudia Romanillos; el Secretario de Infraestructura y Transporte, Fernando Escamilla y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, para ampliar el quinto informe de gobierno, los días 20 y 21 de septiembre.

afcl

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