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Tlaxcala.— Una tarde de febrero Norberto Hernández acudió a la estancia infantil “Convención” del municipio de Cuaupiaxtla, Tlaxcala, para recuperar los papeles de su hijo porque semanas antes había suspendido su asistencia. Al revisar los documentos, constató que el menor seguía en la lista de la estancia, a pesar de su ausencia.
El trámite puso al descubierto presuntos actos de corrupción en por lo menos 20 casos similares, según datos internos, pues los menores continuaban en listas oficiales para que las estancias mantuvieran el cobro de 900 pesos mensuales enviados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por cada niño inscrito en el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
De acuerdo con las Reglas de Operación, la dependencia entrega mil 800 pesos cuando el niño tiene alguna discapacidad.
A las irregularidades detectadas, se sumó la muerte de un menor de un año y dos meses en la estancia “Los Pequeños Bodoques” del municipio de San Pablo del Monte, limítrofe con el estado de Puebla, luego de que se asfixió al tragar.
Una enfermera que lo atendió en el hospital general de Tlaxcala dijo a la madre del menor fallecido, Verónica Calvario, que le encontraron trozos de coliflor en el estómago, pero el certificado médico dice que la muerte se debió a un “choque séptico secundario a gastroenteritis infeccioso”.
Ningún funcionario de la Sedesol Tlaxcala o la directora de la estancia fueron investigados porque ni en el certificado ni en el acta de defunción CF-UITLAX/32/2016, fechada el 18 de marzo de 2016, se mencionó que el niño procedía de una estancia de Sedesol y tampoco que su agonía comenzó en ese centro de cuidado.
Para deslindar a la Sedesol, la entonces coordinadora del programa en Tlaxcala, Tomasa Maricela Flores Rosas, hizo firmar a la directora de la estancia infantil, Araceli Romano, una carta —cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL— en la que afirma que el menor estaba inscrito como particular por falta de “inscripciones” y por lo tanto la Sedesol no era responsable de la muerte del menor.
En lo que va del año se han reportado siete decesos en estancias incorporadas a la Sedesol en el país; la mayoría por ingesta de alimentos, asfixia, falta de cuidados o caídas.
Los niños ausentes. El caso descubierto por Norberto fue el inicio de una cascada de situaciones similares. Los datos obtenidos por una investigación interna revelaron que la responsable de la estancia entregaba documentos a un trabajador administrativo de la delegación, identificado como Víctor de la Peña, quien ingresaba al sistema los datos del menor, a pesar de que el trámite es personal.
La investigación interna arrojó que para las inscripciones, el servidor público sólo pedía la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la credencial del INE de la madre de familia, así como la CURP del menor.
Cuando el personal de la delegación descubrió los actos irregulares acudieron a cerrar la estancia y documentaron por lo menos 20 casos en condiciones similares, de un total de 40 niños atendidos en la estancia.
En el cotejo de los datos también detectaron inexistencia de domicilios, así como nombres presuntamente falsos de las personas responsables de pasar por los niños.
Enseguida visitaron a padres de familia, cuyos hijos estaban inscritos en la estancia “Convención”, y encontraron que los niños ya no asistían a la estancia, por lo que decidieron dirigirse al titular de la Sedesol.
Tomasa Marisela Flores Rosas era la responsable del programa estatal y a finales de abril tomó unos días de vacaciones para regresar el 5 de mayo como subdelegada administrativa, con lo que automáticamente asumió el cargo como encargada de la delegación, luego de que la titular Anabell Ávalos Zempoalteca renunció al cargo para contender por la presidencia municipal de Tlaxcala.
El 2 de septiembre Flores Rosas fue separada del cargo y en su lugar asumió Mariana González, hija del gobernador Mariano González Zarur.
“La Casita Feliz”. En la fiscalización interna se detectaron otros casos en la estancia “La Casita Feliz”, situada en la colonia San Sebastián Atlahapa, del municipio de Tlaxcala, donde algunas madres denunciaron que sus hijos seguían en las listas oficiales.
Temerosas de alguna repercusión legal en su contra, escribieron cartas al entonces secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, para pedir su colaboración e investigar la coordinación de estancias infantiles en Tlaxcala y al centro “La Casita feliz”, ya que “de forma ilegal han falsificado mi firma en las listas de asistencias de mi hijo Cristian Damián Díaz Gómez, toda vez que yo nunca he firmado lista alguna de asistencia de mi hijo.
“El único documento que he firmado ha sido la inscripción de mi hijo, [cuyo] original se quedó la maestra”, escribió Anita Díaz Gómez el 17 de marzo y detalló que su hijo asistió sólo unos días en diciembre de 2015.
Otra carta entregada a personal de la Sedesol Tlaxcala, cuyos portadores prometieron enviar a la oficina central, denuncia que “sin su consentimiento y autorización firmaron listas de asistencias de mi hija Dulce Paola Hinojoza Serrano, ya que del mes de noviembre que la inscribí nunca firmé una lista de asistencias”.
Pilar Serrano Zamora expuso en su carta que su hija acudió a la estancia en noviembre y unos días de diciembre de 2015. Mencionó que el único documento que firmó fue la inscripción de su niña “que de forma particular y con su contacto en la delegación tramitó la maestra de la estancia Gloria María Ramos Arellano”.