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A ocho años de los ataques ocurridos el 15 de septiembre del 2008 en Morelia, las víctimas denunciaron que siguen sin apoyo de las autoridades estatales y federales e, incluso, que han sido ignorados por los diputados locales, quienes extinguieron el decreto que les autorizada en muchos de los casos, pensiones vitalicias.
En la plaza Melchor Ocampo, donde el crimen organizado hizo estallar una de las dos granadas de fragmentación en pleno Grito de Independencia, las víctimas advirtieron que pesar de sus condiciones físicas y de salud, que se agravan por las lesiones que les provocaron las esquirlas, no le han dado solución a sus demandas.
Molestos, los sobrevivientes de los granadazos incluso desmintieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dependencia que aseguró el pasado lunes les habían otorgado apoyos para mejorar sus condiciones de vida.
“Nomás eso nos prometieron, pero no vemos nada claro; se tomaron la foto con nosotros como cada año para decirle a la gente que nos apoyan y cuando uno les llama para saber cuándo van a materializarlos, hasta nos cuelgan el teléfono”, expresó Lupita, una de las jóvenes que resultaron lesionadas.
Ante esta situación, las víctimas de los granadazos del 15-S en Morelia, solicitaron una reunión directa con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, para pedirle que apele ante los legisladores locales para que restituyan en decreto de sus pensiones y gire instrucciones a las dependencias a su cargo, a fin de recibir las atenciones de salud y medicamentos que los han mantenido en pie todos estos años.
cfe
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