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Hermosillo.—La revisión y análisis de las cuentas públicas de los poderes del estado, municipios y organismos autónomos que realizó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), de 2010 a 2014, reveló un daño patrimonial a los sonorenses por 17 mil 168 millones 380 mil 588 pesos.
De este monto, 12 mil 978 millones 18 mil 896 pesos corresponden a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, y 4 mil 190 millones 361 mil 692 pesos a los municipios.
De las observaciones sin solventar de la Cuenta Pública 2014, acumulada hasta la Cuenta Pública de 2010, representan mil 409 encauzadas directamente en los poderes del estado y entes autónomos.
El 30 de agosto, el auditor Mayor, Eugenio Pablos Antillón, del ISAF, entregó al Congreso, por conducto de la Comisión de Vigilancia de dicho instituto, los resultados de la revisión de las cuentas públicas del estado y de los 72 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que contiene 749 observaciones del Poder Ejecutivo y 192 del resto de los poderes y organismos autónomos.
Incluye la evaluación de la gestión financiera, el cumplimiento que los sujetos de fiscalización hubieren dado a las normas y principios básicos de contabilidad gubernamental y el pliego de observaciones que hubiere emitido.
Corresponde ahora al Congreso estatal examinar y calificar las cuentas públicas, teniendo como fecha límite el 15 de octubre de este año, tal y como lo establece el artículo 42 de la Constitución Política del estado.
Una vez que el pleno haga el análisis, el ISAF notificará a los servidores públicos responsables de las observaciones para que, en un plazo improrrogable de 30 días hábiles, procedan a solventarlas o presenten un programa de solventaciones, el término corre a partir de la fecha de notificación del pliego de observaciones.
Cuando éstos no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes, se promoverá el fincamiento de responsabilidades ante la autoridad competente y se solicitará directamente la indemnización resarcitoria a favor de la hacienda pública por los daños y perjuicios causados.
