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La secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool, consideró urgente el que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Quintana Roo, ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno para brindar garantías de seguridad a las mujeres que residen en la entidad e incluso de las vacacionistas.
Para la diputada, la administración del gobernador del estado, Roberto Borge, al igual que las corporaciones policiacas a su cargo, han fracasado en la contención de “la crisis de inseguridad que padece la entidad”.
La legisladora federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionó como ejemplo, el asesinato de 97 mujeres en Quintana Roo, de 2010 al 30 de abril de 2016, entre ellas, Dayan, Cristina, Carolina, Karen, María Fernanda, Elsy, Ruth, Osiris, Rosa Margarita, Rebeca, Guadalupe, Paloma, Abril, Erandi, Saraí, Agripina, Victoria, así como la muerte de dos extranjeras.
Una de ellas, Galina Chankova, la búlgara que participaba en una fiesta en los condominios Emerald, en la zona hotelera de Cancún y que presuntamente se arrojó o cayó de un balcón, años atrás, hechos en los que se involucró mediáticamente al actual senador, Jorge Emilio González, conocido como “El niño Verde”.
La otra, Sara Ramírez, originaria de Colombia, quien vacacionaba con su novio en un hotel de Punta Sam y que supuestamente también se habría arrojado, de un octavo piso, a finales de julio pasado. En ambos casos, se sospecha también que se trató de un homicidio.
Pool lamentó que el gobierno de Borge Angulo y el Congreso estatal, enfoquen su tiempo y esfuerzo “en desaparecer Unidades de Transparencia, en nombrar fiscales y magistrados a modo, dejando de lado el combate a la delincuencia y en la protección a las mujeres”, dijo con referencia al llamado “paquete de impunidad” propuesto y aprobado por la 14 Legislatura en junio pasado, así como por la extinción de la Unidad de Transparencia (UTAIPPE) y la desactivación del sistema Infomex-Quintana Roo.
“Es preocupante que Quintana Roo sea uno de los estados más inseguros del país y no muestra avances en la coordinación de autoridades para atender este flagelo, por lo que es urgente se emita la declaratoria de la Alerta de Género para la entidad, pues tres de cada 10 mujeres que padecen de violencia extrema están expuestas a la muerte, como lo señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio”, resaltó.
Compromisos adquiridos por Quintana Roo ante violencia feminicida
El cuatro de diciembre del 2015, el Consejo Estatal de Mujeres, presidido por la activista, Eva Aguilar, solicitó –con apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)- la Alerta de Violencia de Género para Quintana Roo, ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
Se conformó un Grupo de Trabajo (GT) coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que realizó una investigación sobre la situación que guarda el estado, para determinar si se decretaba la Alerta.
El GT concluyó que existen elementos suficientes para emitir la declaratoria, de acuerdo con el Informe elaborado, en el cual emitió 11 recomendaciones a la administración de Roberto Borge, para cumplirse en seis meses.
El 22 de abril ese informe, que abarca los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, fue entregado al gobierno de Borge Angulo que, de haberlo rechazado, habría provocado la declaratoria inmediata de la AVG, por lo cual aceptó las conclusiones y dar cumplimiento a las 11 recomendaciones, cuyo plazo para cumplir vence en noviembre, a partir de que dio respuesta.
Las 11 recomendaciones contemplan 13 modificaciones al Código Penal de Quintana Roo; siete, al Código Civil; la revisión y cambios a las Leyes de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el estado; la Ley estatal de Trata de Personas; la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
También, la elaboración y aplicación de protocolos para investigar con Perspectiva de Género y específicamente el referente al delito de Feminicidio, así como una incorporar una serie de especificaciones relativas a las medidas de Protección o Cautelares para delitos en razón de Género.
Se incluye la obligación de que “todos los casos de muertes violentas de mujeres, deben ser primero investigados por el delito de Feminicidio y, en caso de no actualizarse los elementos del tipo penal, reclasificarlo”, lo cual sigue sin ocurrir.
Se menciona que deben restringirse los horarios de venta de bebidas alcohólicas en zonas específicas, toda vez que el GT encontró una correlación entre el alcoholismo y la violencia contra las mujeres. El tema no ha sido tocado.
Además, que debe fortalecerse al Grupo Especializado en Atención de la Violencia Intrafamiliar (GEAVI), así como reforzar los patrullajes preventivos y que estos sean realizados por unidades especializadas de Seguridad Pública; tampoco ha sucedido.
El GT detectó la existencia de violencia institucional, por parte de funcionarios de la ahora Fiscalía de Quintana Roo –que revictimiza a las víctimas- así como de instituciones médicas que no reportan –como lo obliga el marco legal- los casos de violación sexual que atiende. No se ha corregido.
Otra recomendación es la creación de una Unidad de Contexto dentro de la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad y facilite la diligente y efectiva investigación de los delitos cometidos en su contra. Ningún avance existe en este rubro, tampoco.
Desde que se solicitó la AVG en diciembre de 2015, a junio de 2016, habían sido asesinadas 14 mujeres en la entidad. De junio a julio, la cifra subió a casi 20.
