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Oaxaca.— Además de sumarse al paro de actividades comerciales de este lunes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en la entidad prevé interponer amparos ante la justicia federal por omisiones de las autoridades dado los embates de la CNTE, anunció su presidente local, Jaime Zorrilla.
El cierre de comercios programado para las 00:00 horas será parcial, dijo la Federación de Mercados del Estado de Oaxaca al asegurar que si bien respaldan la iniciativa, no están en condiciones de parar actividades. La Asociación de Empresarios Gasolineros de Oaxaca también informó que las terminales de servicio operarán de forma normal. Tampoco se suman adheridos a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
La Canaco-Servytur calculó en 7 mil 500 millones de pesos las pérdidas económicas causadas por paros, bloqueos carreteros y tomas de oficinas por parte de la CNTE, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la capital.
Jaime Zorrilla estimó que en Oaxaca hay 136 mil 200 unidades económicas, sobre todo en las regiones Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca y Valles Centrales, donde la Sección 22 y sus simpatizantes han realizado la mayor cantidad de protestas, incluido el cierre de las vías de comunicación.
Expuso que, entre otras medidas, el empresariado afiliado al organismo presentará una denuncia colectiva para exigir a la CNTE la reparación de todos los daños y perjuicios generados a las empresas o personas físicas con actividad empresarial que así lo manifiesten.
Además, como lo ha hecho la Coparmex, acudirá a las autoridades competentes para presentar juicios de amparo contra dichas acciones “y por qué no, también por las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales que violan los derechos humanos”.
Demandó una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), partidos, representantes empresariales y la sociedad, para evaluar, validar y respaldar las medidas extraordinarias que deban ser tomadas por el Poder Ejecutivo federal “para terminar lo antes posible con la crisis”.
“Con lo anterior se lograría eliminar el costo político, como un factor que está inhibiendo la toma de decisiones del partido en el gobierno, y también que legitime, en su caso, las acciones difíciles que deban de tomarse para poner un alto definitivo a la impunidad”.
Por su parte, el obispo auxiliar de Antequera, Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada, expresó que esto demuestra la necesidad que tiene el sector de ser escuchado. Sostuvo que están en su derecho de manifestarse. “No se tiene un vacío de autoridad, pero debe aplicarse la ley, no se trata de ir en contra de unos de manera especial, pero sí lograr la armonía entre todos”.
