San Luis Potosí.— Los policías estatales acusados de asesinar a balazos a Alondra, de 18 años, presuntamente al confundir la camioneta en la que viajaba con la de un homicida, usaron armas AR-15, alteraron la escena del crimen e intentaron sembrar evidencia en contra de la joven, para simular que portaba una pistola.
Una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a la muerte de Alondra, ocurrida el 29 de mayo pasado en la carretera Villa de Arista-Moctezuma, reveló que los policías construyeron su propia historia, que quedó al descubierto con los dictámenes periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y al caer en contradicciones.
Esa noche Alondra regresaba de una fiesta cuando fue rafagueada por cuatro policías que, de acuerdo con investigaciones de la fiscalía, “confundieron” la camioneta Ram gris en la que paseaba con su novio y dos amigos, con la de un homicida al que buscaban.
En el escrito de recomendación 16/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez García, el presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, estableció que los agentes incurrieron en el uso indebido de la función pública y abuso de autoridad.
Los policías intentaron incriminar a las víctimas al referir que habían disparado, pero los dictámenes de la fiscalía establecieron que ni Alondra ni sus acompañantes tenían plomo ni bario en las manos y antebrazos.
El 7 de junio un juez penal de Matehuala dictó auto de formal prisión a los cuatro policías, por el delito de homicidio calificado.
El dictamen de balística forense del 31 de mayo realizado a la patrulla de la Policía estatal por la Procuraduría, señaló que los daños ocasionados son por proyectil de arma de fuego de adentro hacia afuera. Y que de la camioneta de las víctimas no salió ningún disparo.
Además, los policías movieron la camioneta y después fue regresada a la escena del crimen para realizar los estudios de criminalística.
En la recomendación el ómbudsman resolvió que, de acuerdo con las evidencias recabadas, existen elementos suficientes para acreditar que los policías estatales realizaron un ejercicio abusivo de poder y que las víctimas estaban en situación de desventaja respecto a ellos, ya que no realizaron ningún ataque a los agentes.