En pleno proceso de entrega-recepción, el Gobierno de Quintana Roo decidió que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIPPE) dejara de ser un órgano desconcentrado de la administración pública, para anexarlo a una coordinación de la Secretaría de la Gestión Pública.
La medida ha detonado reacciones y acciones de organizaciones civiles, que consideran que con este movimiento, al no estar instaladas la totalidad de Unidades de Transparencia de todos los sujetos obligados, el gobierno ha violentado el derecho al acceso de los quintanarroenses a la información, sin contar con que no es posible hacer solicitudes de información.
La asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, pidió por escrito al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), intervenir “urgentemente” presentando una acción de inconstitucionalidad en contra del gobierno de Roberto Borge, por la “extinción de la Unidad de Transparencia del poder ejecutivo de Quintana Roo”.
El gobierno estatal negó la desaparición de la Unidad de Transparencia, acusando, bajo el argumento de que la medida forma parte de la homologación con la Ley General de Acceso a la Información y que está garantizada la obtención de datos e información pública.
“La nueva Ley de Transparencia del Estado desaparece la Unidad de Transparencia como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, pero no deja de existir, pasa a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación”, aseveró el vocero estatal, Rangel Rosado.
Piden intervención del Instituto Nacional
El 29 de julio pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado, en su número 14 extraordinario BIS, el “Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo”.
“Dicha extinción ha privado a las personas de su derecho humano de acceso a la información pública que está en posesión de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, y de otros, que sin depender de éste se encuentran en el mismo sistema, como las unidades de transparencia de todos los municipios del estado de Quintana Roo, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo”, expone la asociación ‘Somos tus Ojos’.
La petición se hizo al INAI, debido a que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información como se lo mandata la Ley de Transparencia del estado, indica Fabiola Cortés, quien lo requirió al instituto estatal.
“Sobre la extinción de la UTAIPPE, hasta hoy, el IDAIPQROO no se ha pronunciado públicamente, ni ha dado a conocer si ha tomado alguna medida técnica para garantizar el derecho de acceso a la información de las personas, y si realiza las indagatorias pertinentes para sancionar al o los sujetos obligados que violentaron el referido derecho humano de las personas”, detalló Cortés Miranda.
La versión oficial
Ante las crecientes críticas sobre la extinción de la Unidad de Transparencia, en pleno proceso de entrega-recepción, el vocero estatal rechaza que la medida tenga por objeto fomentar la opacidad y considera que la lectura hecha sobre la medida es “falsa”.
“No se dio tal desaparición del órgano de transparencia como tal y seguiremos actuando en apego total a la ley, sincronizados con la legislación federal y con nuestras responsabilidades (…) Quintana Roo se suma a la forma de trabajar del gobierno federal donde cada dependencia cuenta con su propia oficina de vinculación para atender a la ciudadanía y es responsable de la información que emite.
“Es importante enfatizar que la atención se sigue y se seguirá dando a través de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Gestión Pública, por lo que el Gobierno de Quintana Roo sigue trabajando en temas de transparencia y acceso a la información en apertura total a dicho derecho ciudadano”, dice.
Decisión tal vez legal, pero mala: CITRA
Mientras el gobierno estatal sostiene que está garantizado el flujo de información pública a quien lo solicite, las organizaciones especializadas en el tema, lo ponen en duda.
Ciudadanos por la Transparencia, cuya propuesta nutrió en buena medida la aprobada para actualizar la Ley estatal de Acceso a la Información, indica que aunque la desaparición de la Unidad de Transparencia obedezca al haber homologado la normatividad local con la general “la rapidez con que se hizo, sobre todo en un periodo de transición, genera muchas dudas”.
“Me parece muy poco probable que estén instaladas todas las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, de mayo (cuando se aprobó la homologación) a la fecha; que estén capacitadas para resolver todas las nuevas responsabilidades que implica la ley; que tengan todo el equipo técnico para responder a las demandas ciudadanas y, en general, es poco probable que esté listo.
“No debieron desaparecer nada sin tener listo todo lo demás; hubiera sido fundamental mantener esa Unidad que tiene mucho tiempo trabajando, que ya sabe cómo manejar la información, hasta que estuvieran instaladas todas las Unidades de todas las dependencias. No veo que se esté garantizando nuestro derecho a la información”, indicó Cynthia Dehesa, directora de la organización.
En su opinión, si de verdad el gobierno deseaba abonar a la transparencia, “no era el camino”, porque la extinción de la UTAIPPE “puede ser legal, pero es una mala decisión que pone en riesgo el interés primario que es asegurar el acceso a la información, a la ciudadanía”.
“Hay opacidad, hay confusión, hay incertidumbre y no sabemos cómo vamos a acceder a la información; no sabemos ni a qué portal dirigirnos, a quién o cómo; el IDAIPQROO no tiene ni la vinculación de dónde preguntar."
“De por sí hay trabas y luego le quitas la Unidad que te podía dar certeza, obviamente pones en riesgo el derecho”, manifestó, al tiempo en que añadió que también solicitarán la intervención del INAI.
Dehesa forma parte del equipo de transición del gobierno electo, precisamente en materia de Transparencia y, desde esa posición, adelanta que una de las sugerencias que se harán al gobernador entrante, Carlos Joaquín, es garantizar que las publicaciones del Periódico Oficial del estado sean realmente accesibles en internet en el momento en el que se publica, sin costo.
“Esto de la desaparición de la Unidad de Transparencia fue el 29 de julio y todo el mundo está corriendo como gallina preguntando quién tiene la publicación, porque no se puede conseguir el Periódico y obtenerlo impreso es carísimo. Ese es un problema que debe desaparecer.
“Otro planteamiento será que ningún derecho a la información sea afectado durante los cambios de gobierno; que no se tomen decisiones unilaterales en ese sentido”, comentó.
bga
