En lo que va del año se han perpetrado cinco asesinatos contra alcaldes en igual número de estados, con móviles variados, desde probables vínculos o venganzas del crimen organizado hasta turbas molestas por el incumplimiento de obras, o la hipótesis de robo, como en el caso más reciente.
Al hacer el recuento de las dos últimas administraciones federales —los sexenios del panista Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto—, el número de homicidios contra presidentes municipales crece a 51, cuyos asesinos fueron principalmente a tiros, pero también por golpes y ahorcamientos.
En las últimas dos semanas se han cometido tres de los cinco asesinatos de este año: el primero, el sábado 23 de julio, cuando pobladores de San Juan Chamula, Chiapas, reclamaron al edil Domingo López (PVEM) la entrega de recursos y el cumplimiento de obras.
Ese mismo día, el alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto (PRD), fue asesinado por un comando en Michoacán; la principal línea de investigación es un ataque del crimen organizado.
Ayer se reportó el crimen del alcalde de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santa María Zavala (Movimiento Ciudadano), por un presunto robo.
Antes, el 1 de enero, mataron a Gisela Mota (PRD), quien tenía apenas unas horas de haber rendido protesta como alcaldesa de Temixco, Morelos, y el 22 de abril asesinaron al edil de Jilotzingo, Estado de México, Juan Antonio Mayén (PAN); la línea de investigación en ambos casos: ataque del crimen organizado.
Ante la ola de asesinatos, Isidro López Villarreal, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, demandó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, medidas efectivas mediante un protocolo de seguridad para munícipes.