Maestros que llevan 11 semanas consecutivas de movilizaciones, protestas, bloqueos, y otras actividades contra la reforma educativa, pidieron al fiscal General del Estado, Xavier Olea, la cancelación por escrito de las órdenes de aprehensión contra miembros del magisterio disidente que se han liberado y la salida de tres policías comunitarios, que consideran presos políticos.
Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dijo que el fiscal se negó a darles un documento por escrito, sólo de palabra les aseguró que no serían ejecutadas las órdenes de aprehensión y en unos días habrá otra reunión para decirles cuántas hay.
El encuentro duró casi tres horas y forma parte de los acuerdos a nivel nacional con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tratar el tema legal.
Ramos Reyes dijo que la CETEG tiene asamblea el próximo 9 de agosto y van a determinar qué actitud asumen ante la negativa del fiscal de darles por escrito la cancelación de las órdenes de aprehensión. Necesitan que les explique de qué delitos los acusan y a quiénes, también por qué movilizaciones se les inculpa.
“Que quede claro, nosotros seguiremos con nuestro movimiento de cualquier manera se ejerzan o no las órdenes de aprehensión”, dijo Ramos, y varias maestras en conferencia de prensa, lo secundaron y cuestionaron al fiscal del por qué tendrían que confiar en su palabra.
A la salida de la reunión en la que también acudieron integrantes de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), los maestros reclamaron que tampoco la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ha cumplido con el pago de las quincenas atrasadas, el cual fue cancelado como reprimenda a los docentes que faltaron tres días consecutivos, pese a que fue un acuerdo pactado por la disidencia en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los maestros pidieron la liberación del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González; Samuel Ramírez Gálvez, policía y del líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) apresado en Ayutla, Arturo Campos Herrera. El fiscal contestó que no correspondía al movimiento magisterial esa petición.
De la sección 18 del SUSPEG, la dirigente Adelita Radilla, sugirió que no asistieran ya las mesas de la Fiscalía General del Estado, porque reiteró forman parte de un acuerdo nacional que la Segob pactó con todas las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no están respetando en Guerrero. Y responsabilizó al secretario de Educación, José Luis González de retener arbitrariamente salarios de quienes han continuado en el movimiento.
Ramos Reyes enfatizó que: “Nos querían meter en su dinámica de un modelo educativo, qué triste algunos compañeros están preparados para sus cursos, pero como CNTE ¡No!. Seguiremos con la movilización hasta que la Reforma sea cancelada”.