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Monterrey.— El gobierno de Nuevo León anunció hoy la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos en contra de dos ex secretarios del gabinete que encabezó el ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), quienes además deben resarcir un daño patrimonial que supera los 300 millones de pesos.
Se trata de Federico Vargas Rodríguez, quien ocupó las secretarías de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, el cual deberá resarcir de manera solidaria junto con otros cinco ex funcionarios inhabilitados en junio, 280 millones de pesos, por incentivos irregulares a la empresa Siderúrgica de Linares.
Y del ex secretario de Obras Públicas (hoy Infraestructura), Luis Gerardo Marroquín Salazar, que deberá devolver 21 millones 495 mil pesos, por daño patrimonial al estado.
A Marroquín Salazar se le acusa de “variar de manera sustancial”, las dimensiones del canal pluvial del arroyo San Miguel e Interpuerto, en Salinas Victoria, informaron en rueda de prensa, la contralora general del estado, Nora Elia Cantú Suárez, y el asesor para casos relevantes de la Subprocuraduría Anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua.
Además, los funcionarios estatales señalaron que un ex empleado de la Secretaría de Infraestructura y cuatro servidores públicos que aún laboraban en la citada dependencia, fueron sancionados con inhabilitación y suspensiones.
Los que todavía laboraban en la Secretaría de Infraestructura y causaron baja, además de ser inhabilitados, son Ernesto Lara Salinas, impedido para ocupar cargos públicos en el estado por tres años, por duplicidad de pagos en trabajos de alumbrado de la Ecovía, y José Alfredo Contreras Moreno, inhabilitado un año por duplicidad de pagos en trabajos de cimentación y estacionamiento en las avenidas Madero y Gonzalitos, en la ciudad de Monterrey.
Asimismo, Armando Faustino Elizondo, por irregularidades en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras de la segunda etapa del penal de Mina. Y, Brígido Gómez Gómez, por duplicidad de pagos en la construcción del viaducto subterráneo para la línea tres del Metro.
Armando y Brígido, fueron sancionados con tres meses de suspensión y al término de la misma podrán reincorporarse a su empleo.
En tanto, el ex empleado de Obras Públicas, Eugenio Diafid García Espinosa, fue inhabilitado dos años por su participación en realizar pagos en exceso y no presentar pruebas de laboratorio en las obras de pavimentación de la colonia Mission Ciudad Hermana, en el municipio de Salinas Victoria.
En junio pasado, la Contraloría inhabilitó durante 10 años y multó a otros cuatro funcionarios; Juana Aurora Cavazos, de Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico; Juan Manuel Fernández, ex director General del Instituto de Vivienda y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, del Instituto de Vivienda del Estado.
